El 3 de junio, una multitud de mujeres, hombres y niños marchó hacia la Plaza del Congreso en Buenos Aires, conmemorando el 11° aniversario del movimiento #NiUnaMenos. Este año, la consigna fue "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", en un contexto marcado por la indignación tras al menos tres femicidios recientes que han sacudido la opinión pública. Entre ellos, el caso de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, cuyo abuelo lideró la movilización en esa provincia, resaltando la urgencia de la lucha contra la violencia de género en Argentina.

La marcha, que se extendió por varias cuadras, reunió a miles de personas que portaban pancartas con mensajes contundentes. La visibilidad de la protesta fue notable, con la participación de diversas agrupaciones políticas y sindicales, así como de ciudadanos que se unieron en familia o con amigos. La presencia de figuras políticas y comunicadoras, como Nancy Pazos y Hinde Pomeraniec, quienes denunciaron la falta de acción del gobierno frente a la violencia de género, subrayó la necesidad de un cambio en las políticas públicas.

En un contexto donde el gobierno de Javier Milei ha recortado un 89% el presupuesto destinado a políticas de género, la marcha se convierte en un grito de resistencia. La movilización no solo busca visibilizar la problemática de los femicidios, sino también cuestionar las decisiones del gobierno que afectan los derechos de las mujeres. La lectura del documento de #NiUnaMenos exigió la renuncia de funcionarios responsables de la desidia en el caso de Agostina Vega, evidenciando la frustración de la sociedad ante la impunidad y la inacción del Estado.

Las cifras son alarmantes: según el informe anual de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en 2025 se registraron 200 femicidios, una disminución respecto a los 228 del año anterior. Sin embargo, la percepción de inseguridad y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades continúan alimentando la indignación social. Las manifestantes no solo exigen justicia por los casos recientes, sino también un compromiso real del gobierno para abordar la violencia de género de manera integral.

A futuro, es crucial observar cómo el gobierno argentino responderá a estas demandas y si implementará políticas efectivas que garanticen la protección de los derechos de las mujeres. La próxima movilización podría coincidir con la presentación de nuevos proyectos de ley en el Congreso, lo que podría ser un momento decisivo para el movimiento. La presión social y la organización de la ciudadanía serán determinantes para avanzar en la lucha por la igualdad y la justicia en Argentina.