Los Estados Unidos han propuesto una tarifa del 25% sobre productos brasileños tras concluir una investigación que acusa al gobierno de Brasil de prácticas comerciales desleales. Esta medida busca castigar lo que el USTR (Oficina del Representante Comercial de EE.UU.) considera acciones que "oneran o restringen" el comercio bilateral. Entre las acusaciones se incluyen el uso preferencial del sistema de pagos PIX, el desmatamiento ilegal y la falta de efectividad en la lucha contra la corrupción. Aunque la tarifa aún no está en vigor, la propuesta ha generado preocupación en el sector exportador brasileño, que podría verse afectado en un contexto de recuperación económica post-pandemia.

El informe del USTR destaca que el Banco Central de Brasil favorece el sistema de pagos instantáneos PIX, limitando la competencia de proveedores estadounidenses. Este sistema ha ganado popularidad en Brasil, pero su regulación ha sido cuestionada por los EE.UU., que argumenta que crea un entorno comercial desleal. Además, se menciona el desmatamiento ilegal como un factor que afecta las relaciones comerciales, dado que los EE.UU. han manifestado su preocupación por el impacto ambiental de las políticas brasileñas.

La investigación fue iniciada en julio de 2025, en un contexto donde la administración de Donald Trump buscaba presionar a Brasil debido a un déficit comercial que, sin embargo, no se sostiene en cifras recientes, ya que desde 2009 EE.UU. exporta más a Brasil de lo que importa. Esta situación refleja una complejidad en las relaciones comerciales, donde Brasil ha sido señalado por mantener acuerdos comerciales preferenciales con países como México e India, lo que ha generado tensiones adicionales.

Para los inversores, la imposición de tarifas podría traducirse en un aumento de costos para las empresas brasileñas que dependen de exportaciones a EE.UU., lo que podría afectar sus márgenes de ganancia. Por otro lado, los productos que podrían quedar exentos de estas tarifas incluyen carnes, frutas y aeronaves, lo que sugiere que algunos sectores podrían estar protegidos. Sin embargo, la incertidumbre sobre la implementación de estas tarifas podría generar volatilidad en el mercado, especialmente en el sector agrícola y de exportación.

Los próximos pasos incluyen un proceso de consultas públicas que se extenderá hasta el 15 de julio de 2026, donde se espera que se recojan opiniones sobre la propuesta de tarifas. Las audiencias públicas están programadas para el 6 de julio, y es crucial que los actores del mercado sigan de cerca el desarrollo de estas discusiones. La posibilidad de que Brasil y EE.UU. lleguen a un acuerdo para evitar la implementación de estas tarifas es incierta, pero las negociaciones han sido descritas como constructivas, aunque con diferencias significativas aún por resolver.