El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha sido presentado por el Gobierno argentino como una solución para atraer inversiones, prometiendo una lluvia de dólares. Sin embargo, la realidad es que este régimen ya ha generado una pérdida de recaudación fiscal de USD 1.800 millones, lo que plantea serias dudas sobre su efectividad. Con la reciente implementación del Súper RIGI, se espera que esta cifra se multiplique, lo que podría profundizar aún más el déficit fiscal del país.

El RIGI ha acumulado hasta ahora 36 iniciativas, con un monto proyectado de USD 94.965 millones en proyectos aprobados y en evaluación. De estos, 15 proyectos ya han recibido aprobación, comprometiendo un capital de USD 27.210 millones. Sin embargo, este ingreso de divisas no se traduce necesariamente en beneficios para la economía local. La falta de un anclaje que garantice que estos dólares se reinviertan en el país ha llevado a críticas del sector industrial, que advierte sobre un modelo que favorece a grandes empresas sin generar un impacto positivo en el tejido productivo local.

Los cálculos realizados por el equipo del diputado Guillermo Michel indican que los 13 proyectos iniciales del RIGI generarán un gasto tributario de USD 1.837 millones anuales, lo que representa una pérdida del 0,27% del PBI. A largo plazo, se estima que por cada USD 100.000 millones de inversión que ingrese al régimen, el país resignará un punto porcentual del PBI en impuestos. Esto se debe a las exenciones fiscales, como la reducción del Impuesto a las Ganancias y la eliminación de retenciones a partir del tercer año. Las críticas se centran en que este sacrificio fiscal subsidia a grandes petroleras y mineras que, por las condiciones de sus negocios, ya estaban dispuestas a invertir.

El nuevo Súper RIGI amplía los beneficios fiscales, reduciendo el Impuesto a las Ganancias al 15% y estableciendo un tope del 10% para las contribuciones patronales. Sin embargo, la ley no incluye políticas que fomenten la compra de insumos locales ni la investigación y desarrollo (I+D). A diferencia del RIGI original, que exigía un 20% de compras locales, el Súper RIGI no asegura la integración nacional, lo que podría llevar a que los dólares ingresen al país solo para salir rápidamente en forma de importaciones o dividendos, sin generar un desarrollo industrial sostenible.

La situación es aún más preocupante si se considera el contexto económico actual. Según el informe de Misión Productiva, casi el 60% de las ramas productivas privadas han destruido empleo registrado entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. La construcción ha sido la más afectada, con la pérdida de más de 81.000 empleos, seguida por la industria manufacturera, que ha visto caer su plantilla en más de 76.000 trabajadores. Este panorama de destrucción de empleo contrasta con las rebajas impositivas que disfrutan los sectores extractivos, lo que genera un descontento creciente en la industria nacional y el comercio.

De cara al futuro, es crucial observar cómo se desarrollan los proyectos bajo el nuevo régimen y si realmente se implementarán políticas que beneficien a la economía local. La falta de un marco regulatorio que garantice la reinversión de los beneficios en el país podría llevar a un agravamiento de la crisis económica. Los próximos meses serán decisivos para evaluar el impacto del Súper RIGI y su efectividad en la atracción de inversiones que realmente beneficien a la economía argentina.