La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ha expresado su fuerte rechazo a las reformas tributarias propuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Argentina. Estas recomendaciones incluyen la ampliación de la base del Impuesto a las Ganancias, la extensión del IVA a bienes y servicios que actualmente están exentos, y modificaciones en el régimen del Monotributo. Según CAME, estas medidas impactan de manera negativa en los trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores, lo que podría reducir aún más el poder adquisitivo de la población en un contexto ya complicado por la inflación.

CAME argumenta que el FMI ha pasado por alto un factor crucial que afecta la competitividad de las empresas: la presión tributaria a nivel provincial y municipal. En particular, la organización ha criticado el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas retributivas de servicios municipales, que representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de las empresas, independientemente de su rentabilidad. Este impuesto opera como un gravamen en cascada, acumulando costos en cada etapa de la cadena productiva, lo que encarece la actividad económica y afecta la rentabilidad de las pymes.

Además, CAME ha señalado que los regímenes de retención y percepción impuestos por las provincias generan un desbalance financiero para las empresas. Muchas veces, las compañías deben adelantar montos que superan lo que finalmente deben tributar, resultando en saldos a favor que son difíciles de recuperar. Los trámites de devolución pueden tardar entre 12 y 36 meses, durante los cuales la inflación erosiona entre el 60% y el 80% del valor real de esos créditos fiscales. Este esquema se asemeja a un "préstamo forzoso sin remuneración" al Estado provincial, lo que afecta directamente el capital de trabajo de las empresas.

Frente a esta situación, CAME ha propuesto una reforma estructural del sistema tributario subnacional que no solo busque reducir alícuotas, sino que establezca reglas permanentes para armonizar bases imponibles y regímenes de retención en todo el país. Entre sus propuestas se incluye la eliminación del IIBB en las etapas intermedias de producción, aplicándolo únicamente en la venta final al consumidor, similar al esquema del IVA. También sugieren fijar una alícuota máxima de retención del 1%, indexar automáticamente los saldos a favor mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), y establecer un plazo máximo de 90 días para las devoluciones.

La propuesta de CAME también abarca la revisión de las tasas municipales, que son aplicadas por más de 2.300 municipios con criterios diversos y falta de transparencia. La entidad sostiene que muchas de estas cargas no tienen una contraprestación verificable y constituyen un obstáculo para la inversión y la radicación de empresas en el interior del país. Además, han planteado fortalecer el rol de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral para garantizar el cumplimiento de los plazos de devolución y la coordinación de las nuevas reglas tributarias entre las distintas jurisdicciones.

La situación fiscal en Argentina es crítica, y las propuestas de CAME podrían ser un punto de partida para un nuevo consenso fiscal que contemple las realidades de las pymes y la necesidad de un entorno más amigable para los negocios. A medida que se avanza en la discusión de estas reformas, será importante monitorear cómo responden tanto el gobierno como el FMI a las preocupaciones planteadas por CAME y qué medidas se implementarán para aliviar la carga tributaria sobre las pequeñas y medianas empresas en el país.