Los trabajadores de la industria pesquera en la región del Bío Bío han solicitado al Gobierno y al Congreso la revisión de la regulación pesquera, especialmente en lo que respecta a la captura de jibia y el uso de artes de pesca de arrastre. Esta petición surge en un contexto de desempleo elevado y escasez de recursos pesqueros, como el jurel, lo que ha llevado a una caída significativa en los precios de la jibia. Actualmente, el kilo de jibia se paga entre $350 y $400 pesos, lo que representa una disminución de aproximadamente mil pesos en comparación con la temporada anterior.

La cuota de captura de jibia para 2026 se estableció en 200 mil toneladas, de las cuales 195 mil están sujetas a fraccionamiento, distribuyéndose 175.500 toneladas para pescadores artesanales y 19.500 para la industria. Sin embargo, en los últimos tres años, los desembarques han estado por debajo de esta cuota global, lo que ha llevado a los trabajadores a argumentar que no se está utilizando adecuadamente el recurso disponible. Esta situación ha generado preocupación entre los pescadores, quienes ven amenazada su fuente de ingresos y la estabilidad de sus empleos.

La propuesta de los sindicatos busca liberar recursos pesqueros para aumentar el precio de la jibia y dinamizar la economía de la región. Juan Carlos González, presidente del sindicato de Patrones de Pesca, enfatizó que la liberación de cuotas podría no solo elevar el precio de la jibia, sino también mejorar las estadísticas de pesca y contribuir a la reducción del desempleo en la región. La presión sobre los precios y el aumento de costos, especialmente por el alza en los combustibles, han llevado a situaciones de riesgo en las faenas pesqueras, lo que ha resultado en accidentes fatales en la zona.

Por otro lado, los pescadores artesanales han expresado su preocupación por la desvalorización del recurso y la presión que enfrentan al tener que vender su captura a precios fijados por intermediarios. Esto ha llevado a un llamado a la acción para reabrir el debate sobre la captura con arrastre, que actualmente está prohibida para la jibia. Cristian Arancibia, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales, ha señalado que los precios que reciben son injustos y que la situación económica obliga a los pescadores a aceptar condiciones desfavorables para poder obtener algún ingreso.

En este contexto, la discusión sobre la regulación pesquera se vuelve crucial. La posible reapertura del debate sobre la captura con arrastre ha generado reacciones mixtas, con algunos líderes de la industria advirtiendo sobre las implicaciones negativas que podría tener para la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Hernán Cortés, presidente de la Confederación para la Defensa del Patrimonio Pesquero, ha criticado la idea de permitir la captura con arrastre, argumentando que esto podría contradecir los esfuerzos realizados para proteger los recursos marinos. La situación en Bío Bío es un reflejo de las tensiones que existen en la industria pesquera en Chile, donde la búsqueda de soluciones sostenibles se enfrenta a la presión económica de los pescadores.

A futuro, será importante monitorear cómo evoluciona esta situación y si el Gobierno decide tomar medidas para abordar las preocupaciones planteadas por los trabajadores pesqueros. La próxima reunión del Congreso podría ser un punto clave para la discusión de estas regulaciones y su impacto en la economía local. Asimismo, se debe prestar atención a los precios internacionales de la jibia y otros recursos pesqueros, que podrían influir en la dinámica del mercado local y en la viabilidad de las propuestas presentadas por los sindicatos.