Perú se encuentra en una posición privilegiada para convertirse en el mayor productor de cobre del mundo, según Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile. Este potencial se ve impulsado por proyecciones de precios favorables para los metales, en el contexto de la transición energética global. Sin embargo, el país enfrenta serios desafíos que podrían obstaculizar su ascenso en el ranking de producción, destacando la minería ilegal y los conflictos con comunidades locales como los principales problemas a resolver.

El país andino cuenta con abundantes recursos minerales y un capital humano capacitado, además de instituciones que regulan la actividad minera. A pesar de estas ventajas, Viera ha expresado su preocupación por la falta de acción efectiva para abordar los problemas que enfrenta el sector. La minería ilegal, que avanza sin control, y la falta de un sistema regulatorio eficiente son dos de los “pecados capitales” que podrían frenar el desarrollo de la minería en Perú. La informalidad en el sector no solo afecta la producción, sino que también crea un entorno propicio para la corrupción y la violencia, especialmente con la intersección del narcotráfico.

Los conflictos con las comunidades son otro aspecto crítico que ha llevado a la paralización de proyectos clave como Conga y Tía María, lo que representa un costo significativo en términos de inversión. Viera estima que el costo de tener un proyecto detenido puede ser hasta 40 veces mayor que la inversión inicial en capital. Esto subraya la necesidad de mejorar la comunicación y la relación con las comunidades afectadas por la minería, para evitar que los conflictos se conviertan en un obstáculo insalvable.

Desde la perspectiva de los inversores, la situación actual en Perú podría ser un factor determinante en la decisión de invertir en el sector minero. La falta de un marco regulatorio claro y la creciente informalidad pueden generar incertidumbre y riesgos adicionales para los capitales extranjeros. Además, la propuesta de ajustes a la Ley General de Minería, que busca condiciones más adversas para las concesiones, podría desalentar aún más la inversión en un sector que ya enfrenta desafíos significativos.

A futuro, es crucial que las autoridades peruanas tomen medidas concretas para abordar estos problemas. La implementación de un modelo similar al de Chile, que incluye la regulación de la minería informal a través de asociaciones público-privadas, podría ser una solución viable. Asimismo, la necesidad de industrializar la producción minera y no limitarse a la exportación de materias primas se vuelve cada vez más urgente, especialmente en un contexto donde países como Nueva Zelanda están promoviendo la instalación de fábricas para el procesamiento de minerales. La capacidad de Perú para adaptarse a estas demandas y mejorar su marco regulatorio será fundamental para su éxito en el sector minero en los próximos años.