La investigación sobre las SIRA (Sistema de Importación de la República Argentina) ha tomado un giro significativo esta semana, con el fiscal Franco Picardi solicitando la apertura de los celulares de varios exfuncionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de financistas relacionados con Elías Piccirillo. Este movimiento se produce en medio de un escándalo que involucra la supuesta manipulación del acceso a dólares oficiales, que luego eran revendidos en el mercado blue a precios exorbitantes. La extracción de datos del celular del financista Martín Migueles, quien ha sido señalado como uno de los principales operadores del esquema, ha proporcionado nuevas pistas que podrían ser clave para el avance de la causa.

Martín Migueles, exdirectivo de ARG Exchange, está acusado de revender divisas a un precio superior al del mercado oficial, lo que implica que las agencias compradoras solo podrían justificar estas adquisiciones si tenían la posibilidad de vender las divisas a un precio mucho más alto en el mercado paralelo. Este tipo de operaciones no solo afecta la estabilidad del mercado cambiario, sino que también pone en tela de juicio la integridad de las instituciones financieras del país. Las coimas y el acceso irregular a dólares oficiales han sido temas recurrentes en el debate público, especialmente durante la gestión de Alberto Fernández.

La investigación ha llevado a la fiscalía a solicitar pericias no solo de celulares, sino también de computadoras y otros dispositivos electrónicos que fueron secuestrados en diversos allanamientos. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y la Policía de la Ciudad están a cargo de esta tarea, que incluye el análisis de dispositivos pertenecientes a Valeria Fabiana Fernández, ex auditora externa del BCRA. Se anticipa que el contenido de su celular podría ser preocupante para otros exfuncionarios del organismo, lo que sugiere que la red de complicidades podría ser más amplia de lo que se pensaba inicialmente.

El fiscal Picardi también ha solicitado el acceso a los celulares de otros exfuncionarios del BCRA, como Eduardo Gil y Diego Volcic, así como de Pablo Blanco, director del Banco Sucrédito, todos ellos vinculados a Piccirillo. La interconexión entre estos actores plantea serias dudas sobre la transparencia de las operaciones cambiarias en el país. La situación es especialmente delicada para el BCRA, que ya enfrenta críticas por su manejo de la política monetaria y cambiaria, en un contexto donde la inflación y la devaluación del peso son preocupaciones constantes para los argentinos.

A medida que avanza la investigación, el fiscal espera obtener información adicional de la Secretaría de Comercio sobre qué funcionarios autorizaron las SIRA bajo sospecha. Este aspecto es crucial, ya que podría dar lugar a nuevas indagatorias y, potencialmente, a un cambio en la dinámica del mercado cambiario. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrolla esta situación, ya que cualquier revelación podría tener un impacto directo en el valor del peso argentino y en la confianza en las instituciones financieras del país.