El nuevo régimen de incentivos conocido como Súper RIGI ha captado la atención de Wall Street, especialmente tras el análisis realizado por JP Morgan. Este régimen, que busca atraer inversiones significativas en sectores donde Argentina tiene poca o ninguna presencia, ofrece beneficios fiscales y regulatorios superiores al RIGI original. Sin embargo, el banco de inversión ha planteado una inquietante pregunta: ¿realmente atraerá inversiones genuinas o simplemente redirigirá proyectos existentes hacia un marco más favorable?

El Súper RIGI, formalmente denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, exige una inversión mínima de USD 1.000 millones y está orientado a actividades económicas que no se desarrollan actualmente en el país. Esto incluye proyectos en áreas como infraestructura tecnológica, inteligencia artificial y biotecnología avanzada. JP Morgan ha señalado que este enfoque es crucial, ya que Argentina ha estado históricamente ausente de las cadenas globales de valor, lo que limita su capacidad de atraer inversiones en sectores emergentes.

El análisis de JP Morgan destaca que el diseño del Súper RIGI busca asegurar que los beneficios fiscales se apliquen a actividades que hoy no existen en el país. Esto implica que, si se implementa correctamente, el costo fiscal podría ser menor al que anticipan los críticos, ya que el régimen se enfoca en sectores con escasa base imponible. Además, el informe resalta que el régimen no busca competir con el esquema vigente, sino abrir una vía específica para actividades de frontera, lo que podría transformar la estructura productiva nacional.

Entre los beneficios del Súper RIGI se incluye el acceso al arbitraje internacional sin necesidad de agotar la vía administrativa, lo que podría aumentar la confianza de los inversores. JP Morgan también ha valorado la inclusión de disposiciones alineadas con las reglas del Pilar Dos de la OCDE, que ayudarían a evitar que los incentivos sean neutralizados por mecanismos de impuesto mínimo global. Sin embargo, el costo político del proyecto es un factor a tener en cuenta, ya que se espera que la oposición se concentre en las restricciones fiscales provinciales y en la percepción de un sesgo favorable hacia los inversores extranjeros.

La capacidad política para convertir el Súper RIGI en ley y sostenerlo a largo plazo es, según JP Morgan, el principal riesgo. A pesar de que el régimen ofrece beneficios más agresivos que el original, la complejidad del camino político podría generar obstáculos significativos. Si el proyecto avanza, la primera generación de proyectos podría representar un cambio estructural en la composición exportadora argentina, especialmente en sectores como infraestructura de datos y energía renovable. Los inversores deben estar atentos a las discusiones legislativas y a cómo se desarrollan las negociaciones en torno a este régimen, ya que su aprobación podría tener un impacto significativo en la economía local.

En resumen, el Súper RIGI presenta una oportunidad interesante para Argentina, pero su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para navegar los desafíos políticos y asegurar que se cumplan las promesas de inversión genuina. A medida que se avanza en el proceso legislativo, será crucial observar cómo se desarrollan las dinámicas políticas y económicas en torno a este nuevo régimen de incentivos.