El ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, ha instado al Gobierno argentino a avanzar con una ley que garantice la reducción de las retenciones impositivas al sector agropecuario. Durante la jornada Pulso Tierra, organizada por la Federación Agraria Argentina (FAA), Busso argumentó que la baja de los derechos de exportación debe ser una política de largo plazo, especialmente en un contexto donde surgen nuevas fuentes de ingresos para el país, como el petróleo, la minería y la energía. Esta propuesta surge tras el anuncio reciente del gobierno de Javier Milei, que establece una reducción de las retenciones para el trigo y la cebada a partir de junio, así como un cronograma para otros cultivos desde enero del próximo año.

Busso enfatizó que la reducción de las retenciones debería ser una decisión firme y no depender de medidas temporales, sugiriendo que se envíe rápidamente una ley al Congreso para otorgar certeza al sector. En su discurso, el ministro destacó que las retenciones se han naturalizado en el tiempo, pero es necesario volver a poner este tema en el centro de la discusión económica. En su opinión, la situación actual, con la aparición de nuevos motores económicos, representa una oportunidad para aliviar la carga impositiva del agro, que históricamente ha sido uno de los principales aportantes a las arcas del Estado a través de estos derechos.

El impacto de las retenciones en la rentabilidad de los productores es significativo. Busso mencionó que en zonas agrícolas de alta productividad de Córdoba, como Marcos Juárez, un productor puede llegar a pagar el equivalente a 15 quintales de soja por hectárea en concepto de derechos de exportación, mientras que el impuesto inmobiliario rural representa menos de un quintal. Esto pone de manifiesto la presión que enfrentan los productores, quienes, a menudo, no son plenamente conscientes del impacto económico que tienen estas retenciones debido a que se descuentan al momento de comercializar la producción.

En el contexto de la actual campaña agrícola, se estima que los productores cordobeses aportarán entre 2,000 y 2,200 millones de dólares al Estado nacional por derechos de exportación. Esta cifra resalta la importancia del sector agropecuario en la economía argentina y la necesidad de un marco impositivo más favorable que permita a los productores ser más competitivos en el mercado global. Además, Busso compartió su optimismo sobre el futuro de los biocombustibles, destacando que las provincias podrían avanzar con cortes superiores a los obligatorios definidos a nivel nacional, lo que podría generar un cambio significativo en la inversión y la creación de empleo en el sector.

La posibilidad de aumentar la utilización de bioetanol podría transformar la producción agrícola en el país, generando nuevas oportunidades de inversión y empleo. Por cada punto de biocombustible que se incremente, se podría establecer una nueva planta similar a Bio4 en Córdoba, lo que podría traducirse en la creación de alrededor de 200 puestos de trabajo directos. Este enfoque en la transformación de la producción y la generación de valor agregado es clave para el desarrollo económico de la región y podría contribuir a un panorama más positivo para el sector agropecuario en el futuro.

A medida que se avanza en la discusión sobre las retenciones y la política agropecuaria, será crucial monitorear la respuesta del Congreso y las decisiones del Gobierno en relación a la ley propuesta. La implementación de un marco impositivo más predecible y favorable podría ser un factor determinante para la competitividad del agro argentino en el contexto internacional, especialmente frente a las nuevas oportunidades que surgen en otros sectores económicos del país.