La Provincia de Buenos Aires ha imputado a Mercado Libre, uno de los gigantes del comercio electrónico en América Latina, por prácticas consideradas abusivas, con una posible multa que podría ascender a $1.815 millones. Esta acción se enmarca dentro de una investigación iniciada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, que ha identificado más de diez cláusulas en los contratos de la empresa que infringen la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Las irregularidades incluyen la indeterminación en el cobro de tarifas y la aceptación tácita de modificaciones contractuales, entre otras.

Este no es el primer roce entre Mercado Libre y el gobierno de Axel Kicillof. En octubre del año pasado, el CEO de la compañía, Marcos Galperin, criticó la retención de Ingresos Brutos que la provincia comenzó a aplicar a las transacciones realizadas a través de billeteras virtuales. Esta medida, según el gobierno, busca equiparar las operaciones de las fintech con las bancarias, aunque Galperin argumentó que esto podría ser visto como un nuevo impuesto. Desde la provincia, se defendieron afirmando que se trataba de una adhesión a un convenio ya firmado por otras 21 provincias.

La investigación actual se centra en los términos y condiciones del “ecosistema MELI”, que incluye préstamos personales y créditos para compras a través de Mercado Pago. La Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores ha señalado que las cláusulas observadas generan un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que perjudica a los consumidores. La empresa tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo, y si no lo hace, podría enfrentar la sanción económica.

Mercado Libre, por su parte, ha defendido su posición, indicando que la imputación es solo una revisión administrativa y no implica sanciones inmediatas. La compañía ha destacado que, en relación con el volumen de operaciones que maneja, el número de reclamos es bajo, y que cuenta con herramientas de protección al usuario. Sin embargo, la cantidad de denuncias recibidas en los primeros cuatro meses de 2026, que asciende a 2.396, plantea un desafío para la empresa en su relación con los consumidores y las autoridades.

De cara al futuro, es crucial observar cómo Mercado Libre manejará esta situación y si logrará llegar a un acuerdo con las autoridades provinciales. La respuesta de la empresa en los próximos días será determinante, no solo para su reputación, sino también para su operación en el mercado argentino. Además, la evolución de las relaciones entre las fintech y el gobierno provincial podría tener repercusiones en el sector más amplio de la tecnología financiera en Argentina, especialmente en un contexto donde la regulación está en constante cambio.