El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió un nuevo proyecto de ley que busca desregular el mercado de biocombustibles en Argentina. Este proyecto, impulsado por la senadora Patricia Bullrich, propone un aumento gradual de los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol, pasando del 7,5% al 10% y del 12% al 15% respectivamente, en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la ley. La iniciativa también contempla la creación de mercados transparentes y la habilitación de surtidores especiales, con el objetivo de reducir la intervención del Estado en la fijación de precios y cupos.

La propuesta surge en un contexto donde el actual régimen de la Ley 27.640 es considerado "agotado". González enfatizó que el principal objetivo es proteger al consumidor, advirtiendo que un aumento en los cortes podría encarecer el precio del gasoil entre un 5% y un 10%. Históricamente, el biodiésel ha sido entre un 50% y un 100% más caro que el combustible fósil, aunque la brecha se ha reducido debido a los altos precios internacionales del petróleo. Este cambio en la regulación podría tener un impacto significativo en los costos de producción para los sectores que dependen del gasoil, como la agricultura.

El proyecto también abre la puerta a la comercialización de vehículos "flex fuel" y a la creación de un mercado electrónico para biocombustibles, similar a los existentes en el sector del gas y la energía eléctrica. Esto permitiría a los productores pactar la venta de su capacidad con mezcladores a precios de mercado, promoviendo una mayor transparencia y competencia en el sector. González destacó que el objetivo es eliminar la lógica actual donde la Secretaría de Energía fija precios y cupos, lo que ha generado desconfianza en el mercado.

En términos de abastecimiento, González descartó expectativas de faltantes en las estaciones de servicio, asegurando que los precios de la nafta y el gasoil están relativamente equilibrados. Sin embargo, reconoció que hay un leve atraso en los precios debido al impacto global de conflictos bélicos, y que Argentina importa solo el 5% del combustible que consume. Este contexto sugiere que, si bien la situación es manejable, cualquier cambio en la regulación que afecte los costos de producción podría repercutir en los precios finales al consumidor.

De cara al futuro, el secretario anticipó que las restricciones logísticas disminuirán el próximo año y que las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) se reducirán a menos de la mitad, volviéndose marginales en el mediano plazo. La regulación del mercado de biocombustibles será clave para determinar cómo se ajustarán los precios y cómo se comportará la demanda en un entorno donde el Estado no intervendrá de manera tan activa. Las proyecciones oficiales sugieren que, sin un barril de crudo a precios elevados, el sector energético podría generar una balanza comercial positiva de US$40.000 millones anuales en un plazo de cuatro años, lo que podría aliviar las crisis recurrentes por restricción externa en la economía argentina.