Durante el reciente Summit de Grandes Empresas COPARMEX en la Ciudad de México, más de 200 líderes empresariales expresaron su preocupación por la creciente incertidumbre jurídica en el país, que consideran uno de los principales obstáculos para la inversión privada. Este evento se llevó a cabo en un contexto de señales de presión económica, donde la agencia de calificación Moody's ha ajustado sus proyecciones para México y la OCDE ha señalado un menor dinamismo económico. Analistas estiman que miles de millones de dólares en inversiones están detenidos debido a la reciente reforma judicial, lo que ha generado un clima de desconfianza entre los inversores.

El exministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, fue uno de los oradores más críticos en el evento, destacando que el país está retrocediendo en términos de incentivos a la inversión. Laynez cuestionó el poder que han adquirido algunas autoridades administrativas y fiscales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que puede bloquear cuentas sin control judicial, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que utiliza métodos cada vez más agresivos para la recaudación. Estas prácticas generan un ambiente de incertidumbre que puede desincentivar la inversión extranjera y local.

La investigadora Ana Laura Magaloni y Mariana Campos, directora de México Evalúa, coincidieron en que la reconfiguración del Poder Judicial plantea dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar reglas claras y mecanismos de defensa efectivos para las empresas. Este clima de incertidumbre se agrava en un momento en que México está revisando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y enfrenta crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos, lo que podría complicar aún más las relaciones bilaterales y el flujo de inversiones.

El presidente de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, advirtió que México corre el riesgo de desaprovechar la relocalización de cadenas productivas si no aborda los problemas estructurales que afectan la operación de las empresas. Según Sierra, actualmente hay inversiones detenidas debido a la insuficiencia energética, obstáculos regulatorios y la falta de condiciones para operar con estabilidad. Esto es especialmente relevante para los inversores argentinos que buscan oportunidades en la región, ya que un entorno de inversión más seguro podría atraer capitales que actualmente están en espera.

A medida que se desarrollan estos acontecimientos, es crucial observar cómo el nuevo Poder Judicial abordará las preocupaciones planteadas por los empresarios. La confianza institucional se ha convertido en un factor determinante para competir por capital en la región, y los cambios en el sistema judicial y regulatorio podrían tener repercusiones significativas en la inversión. Los próximos meses serán clave para ver si se implementan reformas que brinden mayor certidumbre a los inversores, especialmente con la revisión del T-MEC en el horizonte y la presión económica que enfrenta México.