El juez José Luis Calama ha señalado que la aerolínea Plus Ultra recibió información privilegiada sobre la inminente concesión de ayuda por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que podría indicar tráfico de influencias. Este caso ha puesto de relieve que no solo Plus Ultra, sino varias empresas que solicitaron rescate durante la pandemia, tenían conocimiento anticipado sobre la aprobación de sus ayudas. Este acceso a información previa ha sido considerado habitual en el proceso de rescate, donde las empresas podían conocer el avance de sus solicitudes gracias a la naturaleza negociadora del procedimiento.

Las empresas que se beneficiaron de este tipo de rescate, como Técnicas Reunidas, Tubos Reunidos, Duro Felguera y Airtificial, comunicaron a los reguladores de mercado su expectativa de recibir apoyo antes de que se formalizara la aprobación. Por ejemplo, Técnicas Reunidas anunció en noviembre de 2021 que estaba cerca de recibir 340 millones de euros, aunque la aprobación oficial no se dio hasta febrero de 2022. Este patrón se repitió en otras compañías, donde la comunicación con los reguladores fue constante y transparente, lo que sugiere que el acceso a información privilegiada era más común de lo que se pensaba.

El informe de la UDEF sobre Plus Ultra indica que la compañía conocía su aprobación para recibir 53 millones de euros en créditos públicos días antes de la decisión formal del Consejo Gestor de la SEPI. Este tipo de conocimiento anticipado ha sido criticado por su falta de transparencia y por las implicancias que tiene en la equidad del mercado. La situación se complica aún más por la relación de algunos ejecutivos de Plus Ultra con figuras políticas, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la ética en la concesión de ayudas estatales.

Para los inversores, este caso resalta la importancia de la transparencia en los procesos de rescate y la necesidad de una regulación más estricta para evitar conflictos de interés. La percepción de que ciertas empresas tienen acceso a información privilegiada puede afectar la confianza en el mercado y, por ende, influir en las decisiones de inversión. Además, la situación de Plus Ultra y otras empresas rescatadas podría tener repercusiones en la forma en que se estructuran futuros rescates y en la vigilancia de las ayudas públicas.

A futuro, será crucial observar cómo se desarrollan las investigaciones en torno a Plus Ultra y si se implementan cambios en la regulación de rescates. La fecha de la próxima reunión del Consejo Gestor de la SEPI, donde se discutirán nuevas solicitudes de rescate, será un momento clave para evaluar si se aplicarán medidas más estrictas. Asimismo, el impacto de estas revelaciones en la percepción del mercado sobre la transparencia y la ética en la gestión de ayudas estatales podría influir en la confianza de los inversores en el sector aéreo y en otras industrias que dependen de financiamiento público.