El Congreso español ha dado un paso significativo hacia la mejora de las pensiones de los profesionales liberales, al aprobar en la Comisión de Trabajo un dictamen que permitirá a mutualistas de más de 52 años cotizar a la Seguridad Social. Este proyecto de ley, que se votará en el pleno el 10 de junio, busca integrar a abogados, procuradores y arquitectos en el sistema público, facilitando su acceso a pensiones más dignas. La medida, que no recibió votos en contra, representa un cambio importante en la política de pensiones para estos colectivos, que hasta ahora enfrentaban condiciones desfavorables.

Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta es que permitirá a aquellos que cumplan 52 años hasta el 31 de diciembre de 2026, acceder a un sistema de cotización más favorable. Cada año que hayan estado en la mutualidad se convertirá en un año completo de cotización para la pensión pública, una mejora con respecto a la barrera anterior de 55 años. Actualmente, alrededor de 150.000 profesionales, incluidos abogados y arquitectos, cotizan a través de mutualidades que no aportan al régimen especial de autónomos (RETA), lo que ha resultado en pensiones que en muchos casos no superan los 500 euros mensuales.

El diseño de esta pasarela ha sido un proceso largo, que comenzó hace más de dos años. A lo largo de 18 meses de tramitación parlamentaria, el texto ha recibido el apoyo de varios partidos, incluyendo PSOE y Sumar, mientras que la oposición, representada por PP y Vox, se ha abstenido. La crítica hacia el proceso ha sido intensa, con acusaciones de “filibusterismo parlamentario” por parte del PP, que ha visto cómo sus enmiendas fueron rechazadas. Sin embargo, el portavoz de Sumar ha defendido la ley como un rescate para miles de mutualistas que enfrentan pensiones indignas.

La nueva norma también establece que a partir del 1 de enero de 2028, las mutualidades no podrán ser consideradas como una alternativa al RETA, obligando a todos los profesionales autónomos a cotizar a la Seguridad Social. Este cambio podría tener implicaciones significativas en el mercado laboral, ya que se espera que muchos profesionales se vean obligados a adaptarse a este nuevo marco regulatorio. Además, el traspaso de fondos de las mutualidades a la Seguridad Social se realizará de manera progresiva, lo que podría generar incertidumbre en el corto plazo.

Para los inversores y analistas, esta reforma podría tener un impacto en el sector de seguros y pensiones, ya que las mutualidades quedarán como aseguradoras privadas, lo que podría cambiar la dinámica del mercado. Además, la posibilidad de que los mutualistas accedan a pensiones de al menos 1.000 euros mensuales, y más de 1.200 euros si tienen cargas familiares, podría influir en el consumo y en la economía en general. Con la votación en el pleno del Congreso programada para el 10 de junio, será crucial observar cómo se desarrolla este proceso y qué enmiendas podrían ser introducidas en el Senado.

En resumen, la aprobación de esta pasarela representa un avance significativo en la protección social de los profesionales liberales en España. A medida que se acerca la votación en el pleno, los grupos de interés y las asociaciones de afectados seguirán presionando para que se incluyan mejoras adicionales en la ley. La situación de los mutualistas ya jubilados, que quedan excluidos de esta normativa, también será un punto de discusión en el futuro cercano, lo que podría llevar a nuevas demandas y ajustes legislativos en el ámbito de las pensiones.