Desde el 19 de febrero de 2026, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se ha expandido para incluir nuevos proyectos de upstream de petróleo, estableciendo un mínimo de inversión de USD 600 millones en activos computables. Esta medida, que extiende el plazo de adhesión hasta julio de 2027, se implementa en un contexto donde el precio del barril de petróleo Brent ha experimentado un notable aumento, pasando de USD 66,60 a más de USD 101 en solo seis meses. Este cambio en el panorama del petróleo plantea interrogantes sobre la efectividad y equidad del RIGI en el sector energético argentino.

Juan José Aranguren, ex ministro de Energía de Argentina, ha señalado que la ampliación del RIGI representa un paso hacia la normalidad económica, sugiriendo que podría contribuir a la estabilidad fiscal y cambiaria del país. Sin embargo, la implementación del RIGI ha generado preocupaciones sobre la competencia desleal, ya que algunos proyectos se beneficiarán de incentivos que otros no recibirán. Flavia Royón, ex secretaria de Energía, enfatiza la necesidad de un análisis integral que contemple las diversas necesidades de los sectores económicos, sugiriendo que la reducción de impuestos debe ir acompañada de un debate sobre la disminución del gasto público.

Nicolás Gadano, consultor en energía, advierte que la actual estructura del RIGI podría generar distorsiones si no se establece un marco regulatorio uniforme en el futuro. La coexistencia de diferentes regímenes dentro del mismo sector podría llevar a problemas de equidad y competitividad. La falta de un enfoque generalizado en la política fiscal podría resultar en un sistema donde algunos sectores se benefician desproporcionadamente, lo que podría ser perjudicial para la inversión a largo plazo.

A pesar de las críticas, el RIGI ha demostrado ser una herramienta clave para atraer capitales internacionales. Ernesto Díaz, vicepresidente de Rystad Energy, sostiene que la aceleración de inversiones en Vaca Muerta y otros proyectos de energía renovable ha sido posible gracias a este régimen. La llegada de fondos de inversión extranjeros ha permitido desbloquear áreas que antes eran consideradas marginales, lo que podría tener un impacto positivo en la producción de petróleo y gas en el país.

Mirando hacia el futuro, es crucial que el gobierno argentino considere la implementación de un marco regulatorio más inclusivo que beneficie a todos los sectores. La discusión sobre la sostenibilidad fiscal y la equidad en el tratamiento de los diferentes sectores económicos debe ser prioritaria. Con el plazo de adhesión al RIGI extendido hasta 2027, los próximos años serán determinantes para evaluar la efectividad de esta política y su impacto en la inversión y el desarrollo económico del país.