La administración de Javier Milei ha anunciado una reducción de las retenciones al agro que, según estimaciones del Ieral de la Fundación Mediterránea, tendrá un costo fiscal acotado. Se prevé que la menor recaudación directa derivada de esta medida oscile entre US$390 millones y US$690 millones para 2027, dependiendo del ritmo de reducción aplicado a la soja. Para el próximo año, el costo fiscal en soja se estima en US$300 millones, con una merma de un cuarto de punto por mes en las retenciones.

El cronograma oficial establece que la reducción comenzará en enero de 2027, con recortes mensuales de 0,25 puntos porcentuales en la soja. Además, el Gobierno ha indicado que esta baja gradual también se aplicará a otros cultivos como maíz, girasol y sorgo. En el caso del trigo y la cebada, las retenciones disminuirán de 7,5% a 5,5% a partir de junio de 2026. Sin embargo, el impacto más significativo se sentirá en 2027, cuando la reducción se aplique a una campaña completa, lo que podría resultar en una pérdida de recaudación de aproximadamente US$90 millones en cereales.

La soja es el principal complejo exportador de Argentina y, por ende, su carga tributaria es un tema crucial en la discusión fiscal. Si la reducción de las retenciones se mantiene en el ritmo de 0,25 puntos mensuales, el costo fiscal podría alcanzar los US$300 millones en 2027. En un escenario más agresivo, con reducciones de 0,5 puntos por mes, el impacto podría llegar a US$600 millones, aunque este último esquema se aplicaría en 2028. El economista Juan Manuel Garzón considera que esta medida es un paso positivo, ya que reduce parcialmente el impuesto más distorsivo que enfrenta el agro argentino, aunque advierte que no es una solución definitiva.

Desde el punto de vista productivo, la reducción de las retenciones podría mejorar los precios netos esperados para los productores, lo que fortalecería su capacidad de pago en el ámbito de la exportación. Este efecto es especialmente relevante para cultivos como el trigo y la cebada, donde las decisiones de siembra suelen reaccionar rápidamente a cambios en la rentabilidad. Sin embargo, Garzón también señala que la recuperación de parte del costo fiscal dependerá de factores como el clima, los precios internacionales y la credibilidad del camino de reducción de las retenciones.

Históricamente, la reducción de retenciones entre 2016 y 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri ofrece un antecedente relevante. En aquel período, se eliminaron los derechos de exportación para el trigo, pero estos volvieron a implementarse ante el agravamiento de las restricciones fiscales. La diferencia con el esquema actual radica en que el gobierno de Milei ha optado por una trayectoria más gradual y administrada, lo que plantea el desafío de no solo reducir las retenciones, sino también de mantener esa baja en el tiempo. Además, se sugiere que una parte del menor ingreso nacional podría ser compensada con una mayor recaudación de otros tributos, como el de Ganancias, lo que beneficiaría indirectamente a las provincias a través de una mejora en la actividad agropecuaria.

En conclusión, la baja de retenciones al agro es un movimiento estratégico que podría tener efectos significativos en la economía argentina, especialmente en el sector agrícola. A medida que se implementen estas reducciones, será crucial observar cómo responden los productores y el mercado en general, así como la evolución de otros factores económicos que podrían influir en la efectividad de esta política fiscal.