Un fallo judicial inédito en Choele Choel, Río Negro, ha puesto en jaque el modelo de negocio de las plataformas de comercio electrónico en Argentina. La Justicia Civil condenó a Mercado Libre, Andreani y la empresa vendedora Jobu S.A. a pagar más de $3,2 millones por cancelar unilateralmente una compra online. Este caso se origina en la compra de un lavavajillas Whirlpool, que, tras ser pagado, nunca fue entregado al consumidor, quien vio cómo el precio del producto se duplicaba debido a la inflación en el país.

La sentencia, firmada por la jueza Natalia Costanzo, desafía el argumento tradicional de las plataformas digitales de considerarse meros intermediarios. Según la magistrada, tanto Mercado Libre como Andreani son responsables en la cadena de comercialización y deben responder ante el consumidor final. Este fallo podría sentar un precedente importante para futuras demandas en el comercio electrónico, especialmente en un contexto donde las plataformas digitales están cada vez más integradas en las operaciones comerciales y logísticas.

El caso comenzó el 3 de julio de 2022, cuando un residente de Choele Choel adquirió un lavavajillas a un costo de $167.913, incluyendo IVA y envío. Sin embargo, días después, la compra fue cancelada sin su consentimiento y el producto nunca llegó a su hogar. Aunque Mercado Libre reembolsó automáticamente el dinero bajo su sistema de "Compra Protegida", el consumidor exigió la entrega del producto, ya que para ese momento el mismo electrodoméstico había aumentado su precio a cerca de $300.000, más del doble del valor original.

Durante el proceso judicial, Mercado Libre argumentó que su función se limita a facilitar la conexión entre compradores y vendedores, y que no tiene responsabilidad en la venta o entrega de los productos. Por su parte, Andreani alegó que el caso debía ser tratado en la Justicia Federal, argumentando que el paquete había sido devuelto a pedido del vendedor. Sin embargo, la jueza rechazó ambas defensas, afirmando que las empresas no demostraron haber realizado esfuerzos reales para resolver el conflicto.

Este fallo no solo afecta a las empresas involucradas, sino que también podría tener repercusiones en el ecosistema del comercio electrónico en Argentina. Las plataformas digitales, que han crecido exponencialmente en los últimos años, ahora enfrentan un mayor escrutinio sobre sus responsabilidades hacia los consumidores. A medida que este caso avanza en el sistema judicial, se espera que las empresas revisen sus términos y condiciones para alinearse con la Ley de Defensa del Consumidor, que prioriza la protección de los derechos de los consumidores. Las implicaciones de esta decisión podrían influir en cómo se gestionan las compras online en el futuro, especialmente en un país donde la inflación y la volatilidad económica son constantes.

En resumen, el fallo de la jueza Costanzo podría marcar un cambio significativo en la forma en que las plataformas de comercio electrónico operan en Argentina. Los consumidores ahora tienen un precedente legal que les permite exigir sus derechos frente a las grandes empresas. A medida que el caso avanza, será crucial observar cómo responden las plataformas y si se implementan cambios en sus políticas para evitar futuros conflictos similares.