El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha publicado un informe que revela que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) podría costarle al Estado argentino más de 1.070 millones de dólares anuales en recaudación fiscal. Este dato surge en un contexto donde el país enfrenta desafíos económicos significativos, y se ha encendido el debate sobre la efectividad de los beneficios impositivos otorgados a grandes proyectos de inversión. Actualmente, hay 12 proyectos aprobados que suman inversiones por 26.680 millones de dólares y se proyectan exportaciones por 28.000 millones de dólares, lo que genera interrogantes sobre la verdadera necesidad de estos incentivos fiscales.

El economista Juan Manuel Gispert, quien participó en una entrevista con Canal E, cuestionó la narrativa oficial que sostiene que las inversiones no habrían ocurrido sin los incentivos fiscales. Según Gispert, siete de los doce proyectos ya habían sido anunciados antes de la implementación del RIGI, lo que sugiere que el régimen podría no ser tan crucial como se ha argumentado. Esto plantea dudas sobre la sostenibilidad del modelo económico actual, que se basa en la atracción de inversiones a través de beneficios fiscales, mientras que sectores clave de la economía, como el comercio y la industria, enfrentan una crisis profunda.

El informe también destaca la fragilidad del superávit fiscal que presenta el Gobierno, el cual, según Gispert, no es sostenible. Aunque las cuentas públicas muestran un saldo positivo, este se logra a través de recortes severos y la postergación de pagos a proveedores, lo que incrementa la deuda flotante del Estado. Esta situación ha llevado a un deterioro en áreas sensibles como la obra pública, el presupuesto educativo y las jubilaciones, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y la estabilidad económica del país.

La desigualdad en el crecimiento entre distintos sectores productivos es otra de las preocupaciones que Gispert subraya. Mientras que actividades vinculadas al agro, la minería y la energía están experimentando un crecimiento sostenido, el comercio, la industria y la construcción, que representan el 50% del empleo en Argentina, están en declive. Esta bifurcación en el crecimiento económico genera tensiones sociales y económicas que podrían tener repercusiones en el futuro cercano, especialmente en un país donde la actividad económica interna es vital para la recuperación.

A futuro, es crucial monitorear cómo el Gobierno manejará la situación fiscal y si se implementarán cambios en el RIGI. La presión sobre las cuentas públicas podría llevar a un ajuste adicional en el gasto, lo que afectaría aún más a sectores ya golpeados. Además, la situación política y económica en Brasil, que es un socio comercial clave para Argentina, podría influir en las decisiones del Gobierno argentino. La interconexión de las economías de la región hace que cualquier cambio en Brasil pueda tener un efecto dominó en la economía argentina, lo que hace que los próximos meses sean críticos para la estabilidad económica del país.