La reciente celebración de Virginia Gallardo, modelo y diputada nacional de La Libertad Avanza, por las ofertas de ropa en el barrio porteño de Once ha reabierto un debate crucial sobre el impacto de la apertura de importaciones en la economía argentina. Gallardo vinculó la baja de precios en el sector textil con las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei, que han permitido un aumento significativo en la disponibilidad de productos importados. Sin embargo, esta aparente mejora en el consumo contrasta drásticamente con la situación crítica que enfrenta la industria textil local, que ha visto una caída de más del 30% en su producción y una utilización de su capacidad instalada que apenas roza el 29%. Esta situación ha llevado a muchos empresarios a calificarla como la peor crisis del sector desde 2001.

La industria textil argentina, que tradicionalmente ha sido un pilar del empleo y la producción, se encuentra en una encrucijada. Según la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la producción ha caído drásticamente, y entre diciembre de 2023 y junio de 2025 se han perdido más de 11.000 puestos de trabajo en los rubros de textil, confección, cuero y calzado. La apertura de importaciones ha permitido que las compras externas de prendas terminadas crezcan un 250%, lo que ha asfixiado a las empresas locales que no pueden competir con los precios de gigantes como China o plataformas como Shein y Temu, que operan con menores cargas fiscales. Esta dinámica ha generado un desbalance en el mercado, donde los consumidores disfrutan de precios más bajos, pero a costa de la salud de la industria nacional.

El impacto de esta situación se refleja en la realidad de los empresarios del sector. David Kim, gerente de la tejeduría Amesud, ha señalado que su producción ha caído de 700 toneladas de tela por mes a apenas 150, lo que evidencia la gravedad de la crisis. Guillermo Fasano, expresidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, ha advertido que la caída de la actividad en el primer semestre de 2024 podría alcanzar el 30%. La inflación general interanual se sitúa en un 33,5%, mientras que los precios textiles han aumentado un 24,4%, lo que ha reducido los márgenes de rentabilidad de los productos nacionales en un contexto de creciente presión sobre los costos de energía e insumos.

Desde el Gobierno nacional, no se prevén salvatajes para el sector textil bajo el actual modelo de apertura. La estrategia oficial parece centrarse en forzar una reconversión hacia nichos más especializados, aunque los industriales advierten que este proceso se está llevando a cabo de manera abrupta y sin la previsibilidad necesaria. La caída de la industria manufacturera en general, que ha disminuido un 8,2%, contrasta con el crecimiento en sectores como finanzas, minería y agro, lo que sugiere una polarización en la economía argentina.

A futuro, será crucial observar cómo se desarrollan las políticas económicas en relación con la industria textil y si se implementarán medidas para mitigar el impacto de la competencia externa. La situación del sector podría influir en el consumo general y en la recuperación económica del país. Las decisiones del Gobierno en los próximos meses serán determinantes para el futuro de la industria textil y su capacidad para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo.