Desde diciembre de 2023, Argentina ha experimentado un alarmante aumento en los índices de morosidad, que han alcanzado niveles récord en el sector bancario y no bancario. Según datos de la consultora 1816, la morosidad en el financiamiento con tarjetas de crédito a familias llegó al 11% en febrero de 2026, el nivel más alto desde la crisis económica de 2001-2002. En el sector no bancario, las cifras son aún más preocupantes, con tasas de morosidad que rondan el 25%, afectando especialmente a jóvenes y jubilados.

Este aumento en la morosidad se debe a una combinación de factores, entre los que se destaca el fuerte incremento de las tasas de interés en 2025, que superaron la inflación, y la indexación de salarios que se mantuvo muy cercana a la inflación. La consultora Qaly ha identificado el sobreendeudamiento de seis meses atrás como el principal predictor de la irregularidad crediticia actual. De diciembre de 2023 a febrero de 2026, la mora en la cartera de crédito a familias pasó del 2,8% al 11,2%, y se estima que en abril de 2026 alcanzó casi el 12%. En préstamos personales, el deterioro fue aún más pronunciado, aumentando del 4,3% al 13,8% en el mismo período.

El efecto bola de nieve que se genera por la acumulación de deuda ha llevado a que muchas familias utilicen el crédito como sustituto parcial de sus ingresos. A pesar de que el sistema bancario ha comenzado a reducir las tasas de interés, la morosidad sigue siendo un problema estructural. La relación entre la deuda de tarjetas y préstamos personales y la masa salarial ha pasado de 0,99 a 2,09 entre abril de 2024 y diciembre de 2025, lo que indica que el nivel de endeudamiento es insostenible en relación con los ingresos disponibles.

Las implicancias para el inversor son significativas. La creciente morosidad no solo afecta la capacidad de pago de las familias, sino que también genera un efecto negativo en el consumo y la actividad económica. La Encuesta de Condiciones Crediticias del BCRA del primer trimestre de 2026 ha mostrado un endurecimiento en los criterios de otorgamiento de crédito, lo que podría restringir aún más el acceso a financiamiento. La situación es crítica, ya que el 92% del crédito no bancario está destinado a familias, y el endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias ya equivale al 36,7% de una masa salarial mensual.

A futuro, es crucial monitorear la evolución de la morosidad y las medidas que tomen los bancos para abordar esta situación. La percepción del equipo económico es que el pico de la morosidad ya se ha alcanzado, y hay indicios de que el sistema financiero se está saneando. Sin embargo, para que el crédito funcione como herramienta de reactivación económica, es fundamental una recuperación genuina y sostenida del ingreso real de los hogares. La baja de la inflación y el costo financiero total son condiciones necesarias para que el repago de deudas existentes y el otorgamiento de nuevo crédito sean viables.