Una coalición de frentes parlamentarios, asociaciones del sector tecnológico y federaciones industriales en Brasil ha lanzado un manifiesto para reactivar la discusión sobre un régimen tributario especial para data centers, conocido como Redata. Este proyecto de ley, que busca ofrecer exenciones fiscales al sector, ha recibido el respaldo de ocho frentes y 26 organizaciones, y se espera que atraiga entre R$ 60 mil millones y R$ 100 mil millones en inversiones en los próximos cuatro años. La iniciativa es vista como una oportunidad estratégica para mejorar la productividad de la economía brasileña y fomentar la innovación tecnológica.

El contexto de esta movida se remonta a septiembre del año pasado, cuando el gobierno brasileño introdujo una medida provisoria que establecía la exención de impuestos federales para data centers. Sin embargo, esta medida nunca llegó a implementarse efectivamente, ya que perdió vigencia antes de ser votada en el Senado. Durante su breve existencia, las empresas no pudieron acceder a los beneficios, dado que el gobierno no publicó las normativas necesarias para su aplicación. Este estancamiento ha generado preocupación en el sector, que ve en la reactivación del Redata una necesidad urgente para competir en un mercado global.

Los analistas del sector advierten que la falta de un marco regulatorio claro podría poner en riesgo un ciclo de inversiones que podría alcanzar hasta R$ 1 billón para 2030. Actualmente, Brasil cuenta con 163 data centers, en comparación con 5,381 en Estados Unidos y 521 en Alemania, lo que resalta la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica del país. La aprobación del Redata no solo es crucial para atraer inversiones, sino también para asegurar la soberanía nacional en el manejo de datos, dado que más del 60% de los servicios de computación en la nube utilizados en Brasil provienen de proveedores extranjeros.

Desde la perspectiva de los inversores, la reactivación del Redata podría significar una oportunidad significativa para las empresas tecnológicas que buscan establecer operaciones en Brasil. La exención fiscal permitiría a las empresas reducir costos operativos, lo que podría traducirse en un aumento de la competitividad. Además, la posibilidad de que grandes empresas extranjeras se instalen en Brasil podría generar un efecto dominó en la creación de empleo y en el desarrollo de habilidades locales en el sector tecnológico.

A futuro, la coalición espera que el apoyo de los líderes del Congreso, como el presidente de la Cámara, Hugo Motta, y el del Senado, Davi Alcolumbre, sea fundamental para avanzar en la aprobación del proyecto. La modificación de la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) será un paso necesario para permitir la desoneração del sector. Se se logra avanzar en este sentido, el Redata podría comenzar a operar en 2026, lo que representaría un avance significativo para el sector tecnológico brasileño y su competitividad en el ámbito internacional.