Durante abril, el Gobierno argentino implementó un recorte significativo en el gasto primario, reduciéndolo en un 6,1% real interanual. Este ajuste se debió a la necesidad de compensar la caída en la recaudación tributaria, que se vio afectada por la reducción de impuestos a los sectores de mayores ingresos. La disminución de las retenciones y de los ingresos por bienes personales, junto con la recesión que afecta a las ciudades, provocó una baja en los ingresos por IVA, lo que obligó al Gobierno a aplicar medidas más drásticas para mantener el equilibrio fiscal.

El ajuste en el gasto se reflejó de manera contundente en las transferencias a universidades y provincias, que sufrieron recortes significativos. En particular, las transferencias a las provincias cayeron un 40,5% real interanual en abril, lo que impactó negativamente en programas esenciales de educación y salud. Los envíos a las universidades también mostraron una baja del 13,4% real anual, justo antes de una nueva marcha en defensa de la educación universitaria, lo que evidencia la tensión social que genera este tipo de medidas.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publicó resultados fiscales en base devengado, que pueden diferir de los datos que se publicarán en base caja. En marzo, por ejemplo, se observó un aumento del 28,3% real mensual en la deuda flotante, lo que indica que el Gobierno ha estado utilizando diferentes tácticas para mantener el superávit primario. En el primer trimestre, el superávit alcanzó un 0,5% del PBI, y el objetivo para cerrar el año es del 1,4%, según las proyecciones del FMI.

La situación actual plantea desafíos importantes para los inversores. La reducción del gasto público, aunque necesaria para mantener el equilibrio fiscal, puede tener efectos adversos en el consumo y la actividad económica. La contracción del 5,1% real en las prestaciones sociales y la baja en programas como las Políticas Alimentarias, que cayeron un 24,2% real anual, indican un debilitamiento del poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que podría traducirse en una menor demanda y, por ende, en una desaceleración económica más pronunciada.

A futuro, será crucial monitorear la evolución de la recaudación tributaria y las medidas que el Gobierno implemente para equilibrar su presupuesto. La publicación del resultado fiscal en base caja el próximo 18 de mayo será un evento clave para entender la magnitud del ajuste y su impacto en la economía. Además, la reacción social ante los recortes en educación y salud podría influir en la estabilidad política del Gobierno, lo que a su vez podría afectar la confianza de los inversores en el mercado argentino.