En abril, el gasto devengado real de la Administración Pública Nacional (APN) en Argentina experimentó una disminución del 5,7% interanual, ajustado por inflación. Este recorte es parte de un esfuerzo del Gobierno para mantener el superávit fiscal en un contexto de caída de ingresos. La recaudación de impuestos en el primer cuatrimestre de 2026 se redujo un 6,7%, lo que ha llevado a la administración a implementar ajustes significativos en sus erogaciones.

Los recortes más drásticos se observaron en transferencias a provincias, que cayeron un 53,7%, y en programas sociales, que disminuyeron un 37,3%. La obra pública también sufrió una reducción del 15,7%. Sin embargo, el gasto en personal y las asignaciones familiares mostraron incrementos, con un aumento del 3,1% y del 3,8%, respectivamente. Este aumento se concentró en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que creció un 6,2%, mientras que las asignaciones familiares generales vieron una leve caída del 0,7%.

El informe de la consultora Analytica destaca que, a pesar de la contracción en el gasto, los subsidios económicos crecieron un 38,7% en términos reales en el primer cuatrimestre, impulsados principalmente por el sector energético, que registró un aumento del 112,9%. En contraste, los subsidios destinados al transporte se redujeron en un 29,4%. Estos datos reflejan una estrategia del Gobierno para priorizar ciertos gastos en medio de una recesión en la recaudación tributaria.

La deuda exigible de la Administración Central también ha crecido, alcanzando un total de $4,04 billones en marzo, un aumento del 14% en términos reales en comparación con el mismo período del año anterior. Esto indica que el Gobierno ha acumulado pagos pendientes por casi $2 billones, lo que podría generar un impacto significativo en la liquidez del Estado. La revisión reciente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha modificado las metas de superávit fiscal, reduciéndolas del 2,2% al 1,4%, lo que representa un alivio de aproximadamente 4.700 millones de dólares.

Para los inversores, estos datos sugieren un entorno complicado en el que el Gobierno deberá ajustar finamente la relación entre la caída de ingresos y el recorte del gasto. La capacidad del Gobierno para cumplir con las nuevas metas de superávit fiscal dependerá de su habilidad para gestionar la deuda flotante y la recaudación tributaria. A medida que se avanza hacia el segundo semestre de 2026, será crucial observar cómo se desarrollan los ingresos fiscales y si se implementan nuevos recortes en el gasto público para evitar un desbalance fiscal mayor.