El Juzgado Federal de Santa Rosa ha decidido rechazar la medida cautelar solicitada por la provincia de La Pampa para suspender la nueva ley de Glaciares, que fue sancionada en abril de 2026. Esta ley, que flexibiliza el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares, busca habilitar proyectos mineros en el país. El juez Juan José Baric argumentó que los demandantes no lograron demostrar un daño actual e inminente, y que suspender una ley del Congreso afectaría la división de poderes, un principio fundamental en el sistema jurídico argentino.

Este fallo representa un primer alivio para el sector minero, que ha estado bajo presión debido a la creciente preocupación por el impacto ambiental de la minería. A pesar de la decisión favorable, el litigio no ha terminado. El amparo ambiental colectivo fue declarado procedente y el Estado Nacional tiene un plazo de cinco días para presentar un informe detallado. Se espera que el caso avance hacia la Corte Suprema, donde se analizarán otras impugnaciones relacionadas con la ley en distintas jurisdicciones.

La nueva ley 27.804, que modifica varios artículos de la Ley de Glaciares original de 2010, ha generado controversia. Los opositores argumentan que la norma reduce el alcance de las áreas protegidas y descentraliza la decisión sobre qué se protege, permitiendo a las provincias decidir en qué condiciones se permite la actividad minera. Además, se cuestionó el proceso legislativo, señalando que no se habilitaron instancias de participación ciudadana adecuadas, a pesar de las menciones al Acuerdo de Escazú.

Desde el sector minero, el fallo es visto como una señal positiva en un momento en que las exportaciones del sector metalífero alcanzaron un récord de US$6056 millones en 2025, un incremento del 30% respecto al año anterior. Para 2026, se proyecta que las exportaciones superen los US$9000 millones, impulsadas principalmente por el crecimiento en la producción de litio y los altos precios internacionales de oro y plata. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) ha destacado que la producción de litio se triplicó entre 2022 y 2025, alcanzando 116.100 toneladas de carbonato equivalente.

Las inversiones en el sector minero están canalizadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ha permitido la presentación de al menos 13 proyectos mineros, con una inversión total declarada de US$42.000 millones. De estos, siete proyectos ya han sido aprobados, sumando un total de US$7948 millones. Entre los proyectos más destacados se encuentran Los Azules (cobre, San Juan) y Rincón (litio, Salta). Sin embargo, el futuro de estos proyectos dependerá de la evolución del litigio y de la posible intervención de la Corte Suprema antes de que se tomen decisiones de inversión irreversibles.

A medida que avanza el litigio, el sector minero estará atento al calendario judicial y a la posibilidad de que la Corte Suprema se pronuncie sobre la ley. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para la inversión en el sector, especialmente en un contexto donde la minería está viendo un aumento en la demanda y los precios internacionales. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar el rumbo de la minería en Argentina y su capacidad para atraer inversiones en un mercado global competitivo.