El Ibram, la asociación que representa a las grandes mineradoras en Brasil, ha expresado su descontento con el reciente proyecto de ley sobre minerales críticos aprobado por la Cámara de Diputados. Este proyecto, que incluye medidas de intervención estatal, ha suscitado preocupaciones entre los inversores, quienes temen que la falta de claridad y previsibilidad en las regulaciones pueda afectar negativamente al sector. En particular, el artículo que permite a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a un nuevo consejo gubernamental bloquear cambios de control en las empresas ha sido objeto de críticas. Pablo Cesário, director-presidente del Ibram, enfatizó que el sector necesita criterios claros y plazos definidos para operar de manera efectiva.

El proyecto de ley, que aún debe ser aprobado por el Senado, establece que el futuro Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos (CIMCE) y la ANM tendrán la responsabilidad de homologar no solo cambios societarios, sino también contratos y acuerdos internacionales relacionados con minerales críticos. Esto podría resultar en un aumento significativo en la carga de trabajo de la ANM, que ya enfrenta restricciones presupuestarias y una reducción en su personal. Según estimaciones del Ibram, si se aprueba el proyecto tal como está, el número de procesos en la ANM podría triplicarse, lo que generaría aún más incertidumbre en un sector que ya es intensivo en capital y de alto riesgo.

El impacto inmediato de esta incertidumbre se ha reflejado en el mercado, donde las empresas mineras que operan en Brasil han visto una disminución en su valor de mercado. Tras la presentación del informe del diputado Arnaldo Jardim, las empresas listadas en bolsas extranjeras perdieron aproximadamente R$ 1 mil millones en valor. Este tipo de volatilidad es preocupante para los inversores, ya que la minería es un sector que requiere inversiones a largo plazo y estabilidad regulatoria. Cesário advirtió que cualquier factor que aumente la imprevisibilidad alejará a los inversores, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para el desarrollo del sector.

Además de las medidas de intervención, el proyecto también incluye beneficios fiscales, como la concesión de R$ 5 mil millones en créditos fiscales entre 2030 y 2034 para promover la transformación de minerales críticos en el país. Sin embargo, este tipo de incentivos no parecen ser suficientes para contrarrestar las preocupaciones sobre la intervención estatal. La Asociación Brasileña de Empresas de Investigación Mineral y Minería (ABPM) también ha criticado el proyecto, argumentando que limita la capacidad de Brasil para integrarse en las cadenas globales de producción de minerales críticos.

A medida que el proyecto avanza hacia el Senado, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones y si se realizarán modificaciones que aborden las preocupaciones planteadas por las mineradoras. La falta de previsibilidad en las políticas puede afectar no solo a las empresas locales, sino también a los inversores extranjeros que están considerando entrar en el mercado brasileño. Los próximos meses serán decisivos para determinar el futuro del sector minero en Brasil y su capacidad para atraer inversiones necesarias para su crecimiento y desarrollo sostenible.