A medida que se acercan las elecciones presidenciales en Colombia, la violencia y el crimen se han convertido en temas centrales de la campaña electoral. Desde enero hasta abril de 2026, se registraron 49 masacres con un total de 205 víctimas, la cifra más alta para este periodo desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Este aumento en la violencia ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, ya que se considera un retroceso en los esfuerzos por alcanzar la paz total prometida por el presidente Gustavo Petro al asumir el cargo.

La fragmentación de los grupos armados y criminales en Colombia ha sido un factor determinante en el incremento de la violencia. Según Glaeldys González, analista del Crisis Group, los grupos han cambiado su enfoque, priorizando el enriquecimiento ilícito y el control territorial por encima de las motivaciones políticas. Este fenómeno ha llevado a un aumento en la cantidad de combatientes, que se estima alcanzó los 27,000 a finales de 2025, lo que representa un crecimiento de 5,000 en comparación con el año anterior. La violencia se ha vuelto más localizada, afectando a los civiles en diversas formas, incluyendo un aumento en los delitos de secuestro y extorsión, que se duplicaron entre 2024 y 2025.

El clima de violencia política también ha marcado las elecciones, con incidentes como el asesinato del senador Miguel Uribe, lo que ha reavivado los temores sobre la seguridad en el país. Hasta principios de febrero, se habían registrado 415 casos de violencia política, lo que incluye ataques mortales y secuestros de políticos en regiones críticas como el Valle del Cauca. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, las elecciones legislativas de marzo de 2026 se llevaron a cabo sin incidentes graves, lo que sugiere que hay espacio para la esperanza en el proceso electoral.

Las propuestas de los candidatos presidenciales reflejan la gravedad de la situación. Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, ha abogado por una mayor alineación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, mientras que Abelardo de la Espriella, de extrema derecha, ha prometido ataques aéreos contra el ELN. En contraste, Iván Cepeda, de la coalición de izquierda Pacto Histórico, busca continuar el diálogo con los grupos armados. Estas diferencias en las estrategias podrían tener implicaciones significativas para la política interna y la relación de Colombia con sus vecinos, como Ecuador y Venezuela, que también enfrentan problemas de violencia transnacional.

La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, también juega un papel crucial en el futuro político de Colombia. La Casa Blanca ha manifestado su descontento con la propuesta de paz total de Petro y ha exigido concesiones políticas, incluyendo la captura y extradición de líderes de grupos armados. Esto podría influir en la dirección que tome el próximo presidente, afectando no solo la política interna, sino también las relaciones comerciales y de seguridad en la región. Las elecciones del 14 de mayo serán un punto de inflexión, y los resultados podrían determinar el rumbo de Colombia en los próximos años, especialmente en su lucha contra el crimen organizado y la violencia.