Las disputas legales en torno al Grupo Fictor han tomado un giro significativo, ya que la Justicia de São Paulo ha decidido bloquear los bienes de los socios del conglomerado. Esta medida se basa en indicios de irregularidades en la captación de recursos y el riesgo de que los activos desaparezcan antes de que se resuelva el proceso judicial. La decisión se produce en un contexto donde la crisis de Fictor ha llevado a la inclusión de 43 empresas en un proceso de recuperación judicial.

La jueza Adriana Sachsida Garcia ha determinado que existen suficientes elementos que justifican la intervención preventiva de la Justicia. Esto busca preservar activos que podrían ser utilizados para indemnizar a los acreedores, quienes están tratando de recuperar parte de los más de 2.7 mil millones de reales que el grupo debe a más de 12,000 inversores. La decisión también menciona “fuertes indicios de ilicitud” en las operaciones del grupo, sugiriendo una posible intención de enriquecimiento ilícito.

El bloqueo inicial se ha fijado en 50,000 reales por persona, aunque los abogados consideran que este gesto judicial tiene un peso significativo, ya que establece un precedente para otros casos similares. Además, se han ordenado búsquedas patrimoniales en otros sistemas judiciales para localizar activos adicionales de los implicados. Esto se suma a las alegaciones de confusión patrimonial entre las empresas del grupo, lo que podría permitir que la Justicia acceda a los bienes personales de los socios.

La situación del Grupo Fictor es un recordatorio de los riesgos asociados con inversiones en estructuras complejas y poco transparentes. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estos procesos legales, ya que podrían tener implicaciones significativas en el mercado y en la confianza de los inversores en Brasil y la región en general.