La economía brasileña enfrenta un panorama complicado para 2026, ya que la administración del presidente Lula da Silva proyecta que los gastos totales del gobierno alcanzarán R$ 2,63 billones, lo que representa un aumento real del 7,95% respecto al año anterior. Este incremento es notable, considerando que en 2025 los gastos fueron de R$ 2,44 billones. La Ley de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027, presentada recientemente al Congreso, revela que este crecimiento de gastos será 3,2 veces superior al límite del 2,5% establecido por el marco fiscal brasileño.

El Ministerio de Hacienda ha explicado que el aumento de los gastos puede diferir del límite del 2,5% por diversas razones, incluyendo gastos que no están sujetos a esta regla fiscal y diferencias en los períodos de cálculo. Entre los gastos que no se consideran dentro del límite se encuentran las transferencias a estados y municipios, créditos extraordinarios y gastos relacionados con la educación y la salud, que han ido aumentando en los últimos años. La Institución Fiscal Independiente (IFI) estima que alrededor de R$ 250 mil millones en gastos estarán fuera del límite fiscal, lo que plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad del marco fiscal.

Un factor clave detrás del aumento de los gastos es el crecimiento de las obligaciones previsionales, que se espera que suban un 7,6% en 2026, lo que equivale a casi R$ 80 mil millones. Este aumento está vinculado a la política de incremento del salario mínimo por parte del gobierno, que impacta directamente en los gastos de jubilaciones y pensiones. Cada R$ 1 de aumento en el salario mínimo genera un incremento de aproximadamente R$ 400 millones en gastos previsionales, lo que añade presión al presupuesto nacional.

Además, se prevé que los gastos con servidores públicos también aumenten significativamente, alcanzando R$ 457 mil millones, lo que representa un crecimiento real de casi el 12%. Este aumento se debe a la reactivación de políticas de reajuste salarial que habían sido interrumpidas en administraciones anteriores. Con estos gastos obligatorios en aumento, el gobierno se verá obligado a reducir los gastos discrecionales, que incluyen inversiones en infraestructura y otros programas no esenciales, para cumplir con los límites fiscales establecidos.

La creciente presión sobre el gasto público también está afectando la inflación, que a su vez ha llevado al Banco Central a mantener tasas de interés elevadas, actualmente en 14,5% anual. Este ciclo de aumento de gastos y tasas de interés puede resultar en un incremento de la deuda pública, que ya supera a la de otros países emergentes y de la zona euro. Para estabilizar la situación, se requieren reformas fiscales profundas que aborden los gastos obligatorios y busquen generar superávits en las cuentas públicas. Los analistas advierten que sin estas reformas, el marco fiscal podría volverse insostenible en el futuro cercano.