El Senado argentino aprobó un dictamen clave que permite al Gobierno avanzar en un acuerdo con dos fondos buitre, Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, por un total de USD 171 millones. Este entendimiento se da en un contexto donde el 30 de abril era la fecha límite para evitar que el litigio se reactivara bajo condiciones más onerosas para el país. Sin embargo, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, anunció una prórroga hasta el 31 de mayo, lo que otorga un respiro adicional al Ejecutivo para cerrar este capítulo.

El acuerdo implica una quita superior al 30% sobre los montos que los acreedores reclamaban en sentencias firmes dictadas en Estados Unidos. Si se logra la aprobación del Congreso, el Estado argentino desembolsará USD 67 millones a Bainbridge y USD 104 millones a Attestor. Este mecanismo de "entrega contra pago" asegura que los fondos se liberen simultáneamente con la cancelación de los bonos, lo que minimiza el riesgo de nuevas acciones judiciales por parte de los acreedores.

Además, el acuerdo incluye una cláusula "standstill" que impide a los fondos iniciar nuevas acciones judiciales o interferir en operaciones financieras argentinas mientras se completa la operación. Este aspecto es crucial, ya que busca cerrar procesos de discovery sobre bienes argentinos en el exterior, que podrían comprometer activos del país. La Casa Rosada argumenta que la aprobación del acuerdo permitirá limitar los riesgos sobre activos argentinos y reforzar el cumplimiento de sentencias firmes.

La discusión en el Senado no estuvo exenta de controversia. Mientras que el oficialismo y algunos bloques de la oposición apoyan el acuerdo, otros, como Unión por la Patria, presentaron un dictamen de minoría en contra, argumentando que este tipo de negociaciones podría debilitar la posición del Estado frente a futuros reclamos. Sin embargo, desde La Libertad Avanza se defendió que el pago es parte de una deuda heredada de la crisis de 2001, subrayando la necesidad de cumplir con estos compromisos para recuperar la confianza de los inversores y mejorar las condiciones de financiamiento del país.

A medida que se acerca la fecha límite del 31 de mayo, el Gobierno busca cerrar este expediente antes de que el conflicto vuelva a escalar en los tribunales estadounidenses. La aprobación del acuerdo en el Senado es solo el primer paso; luego deberá ser tratado en la Cámara de Diputados. La presión está sobre el oficialismo para que logre el consenso necesario y evitar que la situación se complique aún más en el ámbito judicial, lo que podría tener repercusiones negativas en la percepción de riesgo país y en la estabilidad económica general de Argentina.