El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, ha implementado un régimen de beneficios que permitirá al Estado provincial cubrir los costos de energía eléctrica y agua potable para los centros que atienden a personas con discapacidad. Esta medida se formalizó a través del Decreto N.º 657, que establece un subsidio para estos servicios, en respuesta a la falta de transferencias del gobierno nacional, que ha dejado a estos centros en una situación financiera crítica. La iniciativa tiene vigencia desde mayo de este año y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

La decisión del gobierno provincial se basa en la acumulación de deudas que ascienden a aproximadamente 2.500 millones de pesos, lo que ha generado una grave afectación en el flujo de fondos destinados a estos servicios esenciales. Passalacqua ha enfatizado la necesidad de intervención estatal para garantizar la continuidad de los tratamientos que reciben las personas con discapacidad, quienes dependen de estos centros para su atención. La falta de financiamiento nacional ha llevado a una emergencia prestacional inminente, poniendo en riesgo la operación de estos establecimientos.

El régimen de beneficios contempla subsidios que cubrirán consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 m³ de agua potable por institución. Los centros que podrán acceder a este régimen deben contar con la categorización vigente otorgada por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia y demostrar que al menos el 60% de sus pacientes son beneficiarios del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) o del Programa Federal Incluir Salud. Esta medida busca aliviar la carga financiera de los centros y asegurar que puedan continuar brindando atención a sus pacientes.

Desde una perspectiva financiera, esta intervención del gobierno provincial podría tener implicancias significativas para el sector de servicios públicos en Misiones. Empresas como Electricidad de Misiones S.A. (EMSA) y Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) se verán beneficiadas por las transferencias directas que se realizarán para cubrir los costos de estos servicios. Sin embargo, la sostenibilidad de este régimen dependerá de la capacidad del gobierno provincial para reorientar recursos de otras áreas, en un contexto donde el financiamiento nacional sigue siendo incierto.

A futuro, será crucial monitorear la evolución de las transferencias del gobierno nacional y la capacidad del gobierno provincial para mantener este régimen de beneficios. La situación financiera de los centros de discapacidad en Misiones podría servir como un indicador de la salud fiscal de la provincia y su relación con el gobierno nacional. Además, la implementación de este decreto podría sentar un precedente para otras provincias que enfrentan desafíos similares en la atención a personas con discapacidad, lo que podría influir en la política pública a nivel regional.