La Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo un operativo que resultó en la recuperación de una propiedad usurpada en Parque Chas, donde funcionaba un taller textil clandestino. Este taller, que operaba en condiciones ilegales, tenía a 17 menores trabajando en su interior. La acción fue ejecutada por la Policía porteña bajo la orden de la Unidad de Flagrancia Norte, liderada por la fiscal María Andrea Caleri. La propiedad había estado usurpada durante más de 15 años y, tras la intervención, se detuvo a un inmigrante ilegal que será expulsado del país.

El taller clandestino se encontraba en un edificio que había sido clausurado por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) debido a riesgos edilicios. Los oficiales debieron ingresar por la fuerza, ya que los okupas, en su mayoría de nacionalidad boliviana, se negaban a abrirles. Durante el operativo, se constató que en la planta baja funcionaba un taller textil y en la terraza se habían construido viviendas precarias sin los permisos necesarios. Este tipo de situaciones no son aisladas en la Ciudad, donde se han intensificado los esfuerzos por recuperar propiedades usurpadas y garantizar la seguridad de los menores involucrados.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, enfatizó que la ocupación de propiedades conlleva a problemas graves como el narcotráfico y la trata de personas. En los últimos dos años, la gestión de Macri ha logrado recuperar más de 740 casas usurpadas, muchas de las cuales han sido devueltas a sus propietarios legítimos. Además, algunas de estas propiedades han sido transformadas en centros de inclusión familiar o comercios, contribuyendo así a la revitalización de áreas afectadas por la usurpación.

Las acciones de la Ciudad reflejan un enfoque más amplio hacia el ordenamiento urbano y la recuperación de espacios públicos. En este sentido, se han desalojado más de 680 cuadras ocupadas por manteros en diversas zonas de la ciudad, lo que ha permitido mejorar la circulación y el comercio legal. Este tipo de medidas son vistas como necesarias para combatir la informalidad y el delito, aunque también generan tensiones con sectores que defienden los derechos de los okupas y los trabajadores informales.

A futuro, es probable que se mantenga esta tendencia de recuperación de propiedades y desalojo de ocupaciones ilegales. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se implementan nuevas políticas urbanas y si se logran resultados tangibles en la reducción de delitos asociados a la ocupación ilegal. La situación en Brasil, donde también se han reportado problemas similares de ocupaciones y violencia, podría influir en las políticas de seguridad y urbanismo en la Ciudad de Buenos Aires, dado el contexto regional de migraciones y tensiones sociales.