El gobierno de José Antonio Kast ha confirmado su decisión de implementar la Ley de Fraccionamiento Pesquero, a pesar de las acciones legales en curso por parte de varias empresas pesqueras que reclaman indemnizaciones que ascienden a aproximadamente 600 millones de dólares. Esta ley, que transfiere recursos de las grandes pesqueras industriales a los pescadores artesanales, ha generado un fuerte debate en el sector, especialmente tras la decisión de la administración anterior de Gabriel Boric de enviar al Parlamento un proyecto de nueva ley general de pesca, que ahora ha sido desechado por el actual gobierno.

La Ley de Fraccionamiento Pesquero, vigente desde hace poco tiempo, ha sido objeto de críticas por parte de empresas como Blumar, Camanchaca y Landes, que argumentan que esta normativa representa un cambio drástico en las reglas del juego y una especie de expropiación regulatoria. El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, ha enfatizado que no hay vuelta atrás en la implementación de esta ley, y que el gobierno está comprometido a resolver las numerosas preguntas que han surgido en torno a su aplicación. Esto incluye la distribución del aumento de la cuota de pesca artesanal, un tema que ha generado incertidumbre entre los actores del sector.

El gobierno de Kast ha decidido no avanzar con el proyecto de ley general de pesca que había sido propuesto por la administración anterior, argumentando que muchas de las propuestas contenidas en dicho proyecto ya han sido abordadas por la Ley de Fraccionamiento. Urrutia ha señalado que el enfoque del gobierno es mejorar la legislación existente en lugar de reemplazarla por completo, lo que podría generar más confusión en un sector tan sensible como el pesquero. Esta postura refleja un cambio en la estrategia legislativa, buscando construir sobre lo que ya existe y no desmantelar las leyes vigentes.

Las implicancias de estas decisiones son significativas para el sector pesquero y acuícola en Chile. La judicialización de las demandas de las empresas pesqueras podría prolongarse durante años, lo que añade un nivel de incertidumbre al ambiente de negocios. Sin embargo, el gobierno también ha presentado una megarreforma que incluye medidas para fortalecer la acuicultura, un sector que se considera clave para la reactivación económica del país. La expectativa es que estas reformas puedan avanzar en el Parlamento y contribuir a mejorar la competitividad y atraer inversiones en el sector.

A futuro, será crucial observar cómo se desarrollan las acciones legales contra la Ley de Fraccionamiento Pesquero y si el gobierno puede implementar con éxito las reformas propuestas para la acuicultura. Las discusiones legislativas en torno a estas iniciativas se llevarán a cabo en un contexto donde la presión por mejorar la productividad y la sostenibilidad en el sector pesquero es cada vez más urgente. Los próximos meses serán determinantes para establecer el rumbo que tomará la política pesquera en Chile y su impacto en la economía regional, especialmente en un contexto donde Argentina también está buscando fortalecer su sector pesquero y acuícola.