La Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS) ha expresado su preocupación por las dificultades que enfrentan para cumplir con la meta del gobierno chileno de entregar 400 mil soluciones habitacionales en un plazo de cuatro años. Durante una reunión con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, el presidente de la ADVS, Carlos Marambio, destacó que el objetivo es significativamente más ambicioso que el plan de emergencia anterior, que contemplaba 260 mil viviendas. Para alcanzar esta nueva meta, se requiere un ritmo de construcción de aproximadamente 100 mil viviendas por año, lo que plantea un desafío considerable para la industria.

Marambio identificó tres principales obstáculos que están frenando el desarrollo de viviendas sociales. En primer lugar, la eliminación gradual del Crédito Especial para Empresas Constructoras (CEEC), que se espera que finalice en 2027. Este crédito permite a las empresas recuperar el IVA de sus proyectos, y su eliminación podría resultar en un aumento de costos para las viviendas sociales, lo que a su vez podría hacer que estos proyectos sean menos viables económicamente. La presión sobre los precios podría llevar a que las viviendas no se puedan vender a un costo que cubra los gastos, lo que podría paralizar aún más la construcción.

En segundo lugar, la reducción de los créditos DS49, que son subsidios destinados a las familias más vulnerables para facilitar la adquisición de viviendas. Este año, el número de subsidios disponibles se ha reducido de 40 mil a aproximadamente 20 mil, lo que representa una disminución drástica en el apoyo a la política habitacional. Marambio enfatizó que esta reducción es un golpe duro para el sector, ya que en los últimos años se habían entregado alrededor de 50 mil subsidios anuales. La falta de claridad sobre cómo se financiarán estos subsidios adicionales es una preocupación constante para los desarrolladores.

El tercer punto crítico mencionado por Marambio es la falta de medidas dentro de la Megarreforma o Plan de Reconstrucción Nacional que promuevan el desarrollo de viviendas sociales. Dado que este sector es intensivo en empleo, la ausencia de políticas que lo respalden podría tener repercusiones negativas en el mercado laboral. La ADVS ha solicitado que se consideren medidas adicionales para apoyar a la industria de la vivienda, que representa casi el 50% de la población chilena.

La situación actual también se complica por la existencia de 60 mil viviendas que están en evaluación y que no han podido iniciar su construcción debido a problemas de financiamiento y al aumento de costos. La ADVS ha instado al gobierno a extender el CEEC y a modificar los requisitos que impone el Ministerio de Vivienda, lo que podría ayudar a reducir los costos de construcción. Recientemente, se ha propuesto una modificación a la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero Marambio advirtió que esta medida podría tardar en implementarse y no ofrecer soluciones inmediatas.

En cuanto a los pagos a las constructoras, Marambio ha señalado que es probable que se presenten dificultades de pago hacia agosto, lo que podría agravar aún más la situación. La ADVS está trabajando en propuestas para disminuir los montos de anticipo y los préstamos de enlace, buscando evitar una crisis de liquidez en el sector. En este contexto, es crucial que el gobierno y la industria colaboren para encontrar soluciones que permitan avanzar en la construcción de viviendas y cumplir con las metas establecidas.