Desde el 23 de abril de 2026, una nueva normativa del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil obliga a plataformas de delivery y transporte, como Uber e iFood, a detallar a los consumidores el porcentaje del pago que se destina a los motoristas y entregadores. Esta medida busca aumentar la transparencia en la remuneración de estos trabajadores, quienes han expresado su descontento por las altas comisiones que las plataformas retienen, que en algunos casos superan el 40%. Según un análisis realizado por Exame, en un viaje desde la Avenida Paulista hasta el aeropuerto de Congonhas, Uber retiene un 20,25% del costo total, dejando un 79,7% para el conductor.

La implementación de esta normativa es parte de una serie de acciones del gobierno de Lula para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de aplicaciones. La Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) ha comenzado a fiscalizar el cumplimiento de esta medida y ha habilitado un canal para que los consumidores reporten cualquier incumplimiento. Además de la obligación de informar, el grupo de trabajo que desarrolló esta normativa también anunció la creación de 100 puntos de apoyo para motoristas y entregadores en todo Brasil, financiados por la Fundación Banco do Brasil.

Sin embargo, la regulación del trabajo por aplicaciones enfrenta desafíos significativos. Aunque el gobierno ha presentado propuestas para establecer una remuneración mínima de R$ 10 por entrega, estas no han sido incluidas en el proyecto de ley que actualmente se discute en la Cámara de Diputados. El relator del proyecto, el diputado Augusto Coutinho, ha mostrado resistencia a incorporar las demandas de los trabajadores, lo que ha llevado a que la regulación se encuentre estancada. Esto es crucial, ya que la falta de una regulación clara puede afectar la estabilidad de los ingresos de los motoristas y, por ende, la calidad del servicio que ofrecen.

Desde una perspectiva de inversión, la regulación de plataformas como Uber e iFood puede tener implicaciones significativas en el mercado laboral y en la rentabilidad de estas empresas. La presión para aumentar la transparencia y mejorar las condiciones laborales podría resultar en mayores costos operativos para estas plataformas, lo que podría impactar sus márgenes de ganancia. Además, la resistencia de los trabajadores y las asociaciones a las propuestas actuales podría llevar a un aumento en las tensiones laborales, afectando la operación de estas empresas en el país.

A futuro, es importante monitorear cómo se desarrollan las discusiones en la Cámara de Diputados sobre la regulación del trabajo por aplicaciones, especialmente en relación a la remuneración mínima y las condiciones laborales. La próxima reunión del grupo de trabajo del gobierno y la respuesta de las plataformas a esta normativa serán claves para entender el impacto en el mercado. Asimismo, el cumplimiento de la nueva normativa por parte de las plataformas y la reacción de los consumidores y trabajadores serán aspectos a seguir de cerca en los próximos meses.