El reciente crecimiento de la deuda flotante del Tesoro argentino ha reabierto el debate sobre la sostenibilidad del superávit fiscal del país. En marzo, los pasivos pendientes de pago alcanzaron los $4.044.758,20 millones, lo que representa un aumento cercano a $2 billones en comparación con febrero. Este incremento se produjo a pesar de que el resultado primario fue positivo, alcanzando los $930.284 millones, y se reportó un superávit financiero de $484.789 millones, según datos del Ministerio de Economía. Sin embargo, la magnitud de los compromisos impagos ha generado dudas sobre la calidad de estos resultados, lo que ha llevado a expertos a cuestionar la interpretación oficial de la situación fiscal.

El economista Roberto Cachanosky ha sido uno de los críticos más destacados de la lectura oficial, señalando que el 74% del superávit primario se explica por el hecho de que el Tesoro gasta sin pagar. Esto implica que, a pesar de los números positivos reportados, la realidad fiscal podría ser más complicada de lo que parece. Cachanosky también advirtió que los atrasos en los pagos del Tesoro, que se consideran deuda no documentada, contribuyen al aumento de la deuda pública que no se refleja en las cifras oficiales. Además, si se incluyen los intereses de instrumentos como LECAP, LETAMAR, BONCAP y PR17, la situación fiscal se aleja aún más de ser superavitaria.

La deuda flotante representa gastos que el Estado ha devengado pero que aún no ha pagado. La Oficina de Presupuesto del Congreso la define como un pasivo que incluye tanto obligaciones dentro de plazo como atrasos ya vencidos. Desde el sector privado, se reconoce que esta práctica es común para la administración de caja, permitiendo al Tesoro postergar pagos para equilibrar el flujo mensual y mantener un resultado financiero positivo. Sin embargo, la acumulación de esta deuda genera tensiones en proveedores, empresas y organismos que dependen de esos fondos, lo que puede tener repercusiones en la economía real.

Los datos del informe de la Tesorería General de la Nación muestran que los mayores incrementos en marzo se dieron en los compromisos por bienes y servicios, que pasaron de $53.293 millones en febrero a $314.966 millones, y en las transferencias, que subieron de $885.236 millones a $1.658.142 millones. También se observó un aumento significativo en los gastos figurativos, que escalaron de $347.731 millones a $1.266.483 millones en un solo mes, y los compromisos vinculados a personal alcanzaron los $428.140 millones. Este aumento en la deuda flotante, que creció un 28,3% mensual sin considerar la estacionalidad, ha llamado la atención de analistas que advierten sobre la posibilidad de que se repita el patrón observado en 2025, donde se corrigió en abril.

La recaudación general también ha mostrado signos preocupantes, registrando en marzo su octavo mes consecutivo de caída real, con una baja del 4,5% interanual según ARCA. Esto se da en un contexto de menor actividad económica y reducción de ingresos por comercio exterior. Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) han señalado que el crecimiento de la deuda flotante es una señal de tensión sobre las cuentas públicas, aunque no se puede afirmar categóricamente que exista un déficit ajustado, dado que no se conoce la deuda flotante del resto del sector público nacional no financiero. Sin embargo, podría ser un indicador de un posible achicamiento del superávit primario base caja.

En este contexto, es fundamental monitorear la evolución de la deuda flotante y su impacto en las cuentas públicas. Los conflictos visibles por atrasos en pagos, como en el transporte del AMBA o con proveedores del PAMI, resaltan la importancia de esta variable para evaluar la dinámica fiscal más allá del resultado de caja. La situación fiscal de Argentina se presenta como un tema complejo que requiere atención, especialmente en un entorno donde la economía enfrenta desafíos significativos.