El Gobierno argentino ha convocado a la Mesa de Enlace para una reunión programada para el próximo lunes, donde se presentará un documento sobre un proyecto de ley que busca la adhesión al tratado internacional UPOV-91. Este tratado tiene como objetivo actualizar la propiedad intelectual en semillas, un tema que ha generado un intenso debate en el sector agropecuario. La reunión contará con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios clave de la Secretaría de Agricultura, así como representantes de diversas entidades ruralistas.

En marzo, las entidades rurales habían presentado una propuesta de proyecto de ley a las autoridades de la Secretaría de Agricultura, con la esperanza de que se analice y debata antes de que el proyecto de adhesión al convenio UPOV-91 sea enviado al Congreso. La discusión sobre la propiedad intelectual en semillas es crucial, ya que afecta directamente a los productores, quienes han expresado su preocupación por la falta de control y fiscalización en el uso de semillas, especialmente en lo que respecta a la denominada “bolsa blanca”, que representa un problema histórico en la producción de soja.

La presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, ha señalado que la entidad ha estado pidiendo durante 20 años un fortalecimiento del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y un mayor control sobre el uso de semillas. En este sentido, la FAA ha manifestado que su postura inicial en la reunión será escuchar la propuesta del Gobierno, pero con la firme intención de que el Inase mantenga su rol central en la fiscalización. La falta de un consejo directivo en el Inase, que se ha mantenido ausente durante dos décadas, es un punto crítico que Sarnari ha destacado como un déficit en el sistema de control actual.

El proyecto de ley que se discutirá busca equilibrar el reconocimiento de la propiedad intelectual con el derecho de uso propio de los productores. La propuesta incluye un esquema que permitiría a los productores guardar semillas adquiridas legalmente, como soja o trigo, y pagar una retribución acordada por hasta tres multiplicaciones. Además, se plantea un umbral de hasta 500 hectáreas con uso propio gratuito durante tres campañas, lo que podría aliviar la carga financiera sobre los productores en un contexto de costos crecientes.

A medida que se acerca la reunión del lunes, es fundamental que los productores estén atentos a los detalles de la propuesta del Gobierno y cómo se implementará. La posibilidad de que se transfieran funciones de control al sector privado, como sugirió Sturzenegger, también plantea interrogantes sobre la efectividad del control estatal. La FAA ha indicado que no está ni a favor ni en contra de esta idea, pero enfatiza que el Inase debe seguir ejerciendo su función de control en el territorio. La evolución de esta discusión podría tener implicancias significativas para el sector agropecuario argentino, especialmente en un contexto donde la producción y la regulación de semillas son temas de creciente relevancia.

En conclusión, la reunión del lunes será un momento clave para el futuro de la propiedad intelectual en semillas en Argentina. Los productores deben estar preparados para evaluar la propuesta del Gobierno y considerar cómo podría afectar sus operaciones y costos. La fecha de envío del proyecto al Congreso será un hito importante a seguir, ya que determinará el rumbo de la legislación en este ámbito y su impacto en el sector agrícola en general.