En marzo, el Gobierno argentino reportó un aumento significativo en la deuda flotante, que alcanzó los 4 billones de pesos, un incremento del 100% en comparación con el mes anterior, cuando se situaba en 2 billones. Este fenómeno se produce en un contexto de ajuste del gasto en todos los ministerios, impulsado por una caída en la recaudación tributaria. A pesar de que el Ministerio de Economía logró mantener un superávit primario de 930.000 millones de pesos en marzo, la acumulación de pagos atrasados genera preocupación sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

La deuda flotante, que se refiere a los compromisos de pago que el Estado ha asumido pero no ha concretado, se ha convertido en una preocupación creciente. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), los Gastos de Capital presentan una deuda equivalente al 41,8% del monto devengado, lo que indica que de cada 10 pesos comprometidos, solo se están pagando 6. Este tipo de deuda no se considera parte de la deuda pública oficial, pero sí representa obligaciones pendientes que pueden afectar la liquidez del Gobierno y, por ende, la economía en general.

Históricamente, la deuda flotante ha mostrado estacionalidad, con picos que superaron los 12 billones de pesos en 2018 y 2021. En el contexto actual, el aumento de 2 billones de pesos en un solo mes plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ha señalado que este tipo de pasivo puede incrementar los costos de provisión del Gobierno, ya que los proveedores pueden elevar sus precios ante la incertidumbre sobre los pagos. Esto, a su vez, puede contribuir a un aumento generalizado de precios en la economía.

El impacto de la deuda flotante se extiende más allá de las cuentas públicas, ya que puede afectar la participación de proveedores en licitaciones y concursos públicos. Si los contratistas enfrentan demoras en los pagos, es probable que retrasen sus propios pagos de impuestos, lo que podría generar un efecto dominó en la economía. La medición de la deuda flotante es un indicador que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue de cerca, y en el marco del acuerdo vigente, el techo permitido es de 8 billones de pesos, lo que deja un margen considerable entre la cifra actual y el límite establecido.

A futuro, los inversores deben estar atentos a cómo el Gobierno manejará esta creciente deuda flotante y las implicancias que tendrá en la política fiscal. La situación se complica con ingresos tributarios que continúan cayendo en términos reales, lo que podría obligar al Gobierno a implementar medidas más drásticas para controlar el gasto. La próxima publicación de datos fiscales será crucial para evaluar la evolución de la deuda flotante y su impacto en el superávit primario, así como la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos a corto y mediano plazo.