La minería formal en Perú enfrenta un panorama cada vez más restrictivo, con solo 1.572 concesiones en operación que abarcan 2.3 millones de hectáreas, lo que representa apenas el 1.84% del territorio nacional. En contraste, un alarmante 41.6% del país, equivalente a 53.4 millones de hectáreas, está prohibido para la minería formal debido a la existencia de áreas naturales protegidas y otros espacios restringidos. Este aumento en las restricciones es significativo, ya que en 2021 solo 43.9 millones de hectáreas estaban limitadas, lo que indica un crecimiento de 12.3 millones de hectáreas en solo cinco años.

Las restricciones a la minería formal se deben a la protección de 28 áreas naturales, 1.038 concesiones forestales, humedales y terrenos ocupados por infraestructura energética. A pesar de estas limitaciones, la minería ilegal y la informal se han expandido sin control, ocupando aproximadamente 25 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 20% del territorio peruano. Esta situación plantea serios desafíos ambientales y económicos, ya que la minería ilegal no solo afecta el medio ambiente, sino que también socava la capacidad del Estado para regular y beneficiarse de la minería formal.

El impacto de la minería ilegal es evidente en la deforestación, con estudios que indican que entre 1985 y 2019, se deforestaron 114,026 hectáreas de bosque amazónico debido a esta actividad. Las proyecciones sugieren que entre 2021 y 2024, se deforestarán otras 34,864 hectáreas en regiones clave como Amazonas y Cusco. La expansión de la minería ilegal se organiza a partir de centros logísticos locales, lo que complica aún más la trazabilidad del oro extraído, que se mezcla con el legal para su comercialización en mercados internacionales.

La concentración de la producción de oro ha cambiado drásticamente en las últimas dos décadas. Mientras que hace 20 años, cuatro compañías mineras controlaban el 80% de la producción nacional, hoy solo representan el 30%. Este cambio es indicativo de un sector minero que se encuentra en retroceso, con pocas iniciativas de nuevos proyectos auríferos en la cartera. La única mina en desarrollo, San Gabriel, de Buenaventura, no es suficiente para revertir esta tendencia negativa.

A pesar de que los precios del oro han aumentado, alcanzando exportaciones por US$ 23,244 millones en 2025, la producción formal ha disminuido un 2% en el primer bimestre de 2026. Esto sugiere que, aunque el valor de las exportaciones se incrementa, la producción real está en declive, lo que podría afectar la economía peruana a largo plazo. La falta de nuevos proyectos mineros y el crecimiento de la minería ilegal son factores que los inversores deben considerar al evaluar el sector minero en Perú y su posible impacto en la región, incluyendo a Argentina, que también depende de las exportaciones de minerales.