El consorcio de constructoras Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco se encuentra a un paso de adjudicarse la concesión por peaje del corredor vial que incluye la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226. Este consorcio presentó la oferta de peaje más competitiva, fijando una tarifa de $1.206 por cada cabina, lo que representa casi un 40% menos que el valor máximo establecido por la administración actual. Esta situación marca un cambio significativo en la dinámica de las concesiones viales en Argentina, donde la competencia entre empresas privadas se intensifica ante la exclusión de actores estatales del proceso licitatorio.

En el caso del tramo conocido como "Pampa", que abarca 546 kilómetros de la RN 5 entre Luján y Santa Rosa, la constructora mendocina Ceosa se posicionó en primer lugar con una tarifa de peaje de $2.850, también un 30% por debajo del límite oficial. La apertura de ofertas ha generado controversia, especialmente tras la descalificación de la estatal Aubasa, lo que ha llevado a la administración provincial a considerar acciones legales para revertir esta decisión. La resolución que excluyó a Aubasa fue publicada de manera sorpresiva, lo que ha suscitado críticas sobre la transparencia del proceso.

La controversia se centra en la falta de antecedentes de Aubasa como constructora de obras viales, un argumento que ha sido cuestionado por la empresa, que sostiene que cumple con todos los requisitos establecidos. La exclusión de Aubasa y otras constructoras, como SACDE, ha sido interpretada como una maniobra política para evitar que la gestión de Axel Kicillof controle uno de los principales accesos metropolitanos. Este tipo de decisiones puede tener repercusiones en la percepción de riesgo de inversión en el sector de infraestructura, especialmente en un contexto donde la confianza en las licitaciones públicas es crucial.

Las nuevas concesionarias tendrán la responsabilidad de llevar a cabo obras de mantenimiento y mejora en las rutas, lo que incluye desde repavimentaciones hasta la instalación de sistemas de cobro automático. Este enfoque podría generar un aumento gradual en las tarifas de peaje, lo que impactará en los costos de transporte y logística en la región. A medida que se implementen estas obras, es probable que se observe un efecto en la inflación y en los costos operativos de las empresas que dependen de estas rutas para sus operaciones.

A futuro, será importante monitorear cómo se desarrollan las acciones legales de Aubasa y la respuesta del gobierno provincial. La fecha de apertura de ofertas, que se realizó en un horario inusual, también puede ser un indicador de la presión política en torno a este proceso. La evolución de las tarifas de peaje y la ejecución de las obras prometidas serán factores clave para evaluar el impacto de estas concesiones en el tráfico y la seguridad vial en la región metropolitana, así como en la economía en general.