La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el 20 de abril que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría llevar a cabo revisiones a las gasolineras que no respeten el precio ‘tope’ del diésel, fijado en 28.30 pesos por litro. Este anuncio surge tras un informe de la Procuraduría Federal del Consumidor que reveló que aproximadamente el 45% de las gasolineras están vendiendo el diésel por encima de este límite. Sheinbaum enfatizó que el gobierno está destinando recursos públicos para subsidiar el diésel y que no hay justificación para los precios elevados en este combustible esencial.

El subsidio al diésel, que incluye una reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para controlar la inflación en México. Este combustible es fundamental para el transporte de carga, y su aumento de precio puede repercutir en los costos de productos básicos como frutas y verduras. Sin embargo, el estímulo fiscal ha sido recortado recientemente, pasando de un 80.35% a un 43.17%, lo que significa que el gobierno ahora subsidia 3.17 pesos por litro de diésel.

La administración de Sheinbaum también renovó un pacto con el sector gasolinero para mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos. Este acuerdo es crucial en un contexto donde el diésel se ha vuelto más vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional, especialmente debido a tensiones geopolíticas en Medio Oriente que afectan los precios del petróleo. El precio del barril de petróleo WTI ha experimentado un aumento del 5.08% hasta alcanzar los 88.11 dólares, mientras que el Brent se cotiza a 94.80 dólares, lo que podría influir en los precios locales del combustible.

Los analistas advierten que el costo del subsidio al diésel podría alcanzar cifras alarmantes, estimándose que el gobierno podría desembolsar hasta 38 mil millones de pesos en apoyos fiscales para los combustibles. Este escenario plantea un dilema fiscal, ya que cada reducción del IEPS implica una renuncia a ingresos fiscales que el gobierno no podrá recuperar. Manuel Herrejón, analista, subraya que esta situación podría comprometer el presupuesto y el gasto público del país en los próximos años, especialmente en un contexto donde la inflación sigue siendo una preocupación central.

A futuro, es importante monitorear las decisiones del gobierno en relación con los precios del diésel y el impacto de las revisiones del SAT. La próxima reunión entre la presidenta y los gasolineros, programada para el 21 de abril, será un evento clave para entender cómo se desarrollará esta situación. Además, los movimientos en los precios internacionales del petróleo seguirán siendo un factor determinante para el costo del diésel en México y, por ende, en la economía en general.