El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado el proceso de reembolso de aproximadamente 166.000 millones de dólares en aranceles que fueron cobrados ilegalmente durante la administración de Donald Trump. Esta decisión se produce tras un fallo de la Corte Suprema que anuló una parte significativa del esquema de aranceles implementado por el expresidente. En esta primera fase, se espera que se devuelvan 127.000 millones de dólares a empresas afectadas, lo que representa una inyección significativa de capital en el sector empresarial estadounidense.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha habilitado un portal que permitirá a aproximadamente el 63% de las empresas elegibles presentar la documentación necesaria para solicitar el reembolso. Este proceso se centrará en los aranceles que aún están bajo revisión federal, lo que significa que no han sido liquidados de manera definitiva. Una vez que las solicitudes sean aceptadas, el Servicio de Aduanas estima que los reembolsos se emitirán en un plazo de entre 60 y 90 días, lo que podría tener un impacto inmediato en la liquidez de las empresas afectadas.

Más de 3.000 compañías, incluidas grandes corporaciones como Costco y FedEx, han demandado a la administración para asegurar estos reembolsos. Desde la implementación de los aranceles, estas empresas se vieron obligadas a tomar decisiones difíciles, como absorber los costos adicionales, reducir compras o trasladar los aumentos de precios a los consumidores. Sin embargo, los expertos advierten que no se espera que los consumidores reciban reembolsos por las diferencias pagadas en productos gravados, lo que podría afectar su percepción sobre los precios en el mercado.

La decisión de la Corte Suprema, que se dio en una clara mayoría de 6-3, establece que Trump no tenía la autoridad para invocar ciertas facultades en tiempos de paz bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA). Esto no solo afecta a los aranceles impuestos a los socios comerciales de Estados Unidos, sino que también abre la puerta a un nuevo marco legal que podría influir en futuras decisiones arancelarias. El actual arancel del 10% se aplica desde el 24 de febrero y tiene una vigencia de 150 días, lo que significa que podría expirar el 23 de julio a menos que el Congreso decida prorrogarlo.

Para los inversores, el reembolso de estos aranceles podría tener implicaciones significativas, especialmente en sectores que dependen de importaciones. La recuperación de capital podría permitir a las empresas reinvertir en sus operaciones, lo que a su vez podría estimular el crecimiento económico. Además, la situación en Estados Unidos podría influir en la percepción de riesgo en otros mercados, incluido el argentino, donde la relación comercial con Estados Unidos es relevante. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se desarrollan estos reembolsos y su efecto en la economía en general.