El 19 de febrero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a partir de abril de 2025 son inconstitucionales. Esta decisión se basa en la ley International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) de 1977, que fue utilizada por Trump para justificar aranceles a numerosos productos de diversos países, alegando que los déficits comerciales récord constituían una emergencia económica.

Seis de los nueve jueces del Tribunal Supremo, incluidos tres conservadores, coincidieron en que la Ieepa no permite la imposición de aranceles tan altos de manera indiscriminada. Este fallo no afecta a los aranceles sobre más de 300.000 millones de dólares en exportaciones chinas, que se mantienen bajo el artículo 138 del Trade Act de 1974, utilizado para represalias contra prácticas comerciales desleales.

Trump ha respondido al fallo anunciando la imposición de un nuevo arancel del 10% sobre muchos productos, utilizando el artículo 122 del Trade Act. Sin embargo, esta medida está destinada a enfrentar una crisis en la balanza de pagos y requiere la aprobación del Congreso para su prórroga.

La situación actual plantea incertidumbres para los tratados comerciales existentes, especialmente con países como Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, que han mostrado disposición a mantener acuerdos si se levantan los nuevos aranceles. A medida que las empresas estadounidenses luchan por recuperar los aranceles pagados, la administración enfrenta presiones para destinar los ingresos recaudados a compensar a las familias afectadas por la inflación acumulada desde 2022.