El número de solicitudes de recuperación judicial en el agronegocio brasileño se mantendrá elevado durante 2026, impulsado por la creciente presión de los acreedores y el aumento de la actividad de despachos legales especializados. Según datos de TerraMagna, actualmente existe una 'oferta activa' de recuperaciones judiciales, con abogados promoviendo este mecanismo como solución al endeudamiento. Al mismo tiempo, bancos, industrias y agentes del mercado de capitales han intensificado la cobranza sobre las deudas pendientes, lo que ha llevado a muchos productores a considerar esta opción como un recurso viable.

Sin embargo, ya se observa un creciente descontento entre los productores que optaron por la recuperación judicial en las últimas dos cosechas. Muchos de ellos creían que esta era la solución para liberarse de gran parte de su deuda, pero han perdido el acceso al crédito, un recurso fundamental para su operación. David Telio, un experto en el sector, señala que aunque algunos han logrado reducir sus deudas y preservar su patrimonio, han dejado de plantar, lo que afecta su capacidad de generar ingresos. Este arrepentimiento ha llevado a algunos productores a buscar alternativas como el arrendamiento de tierras para generar ingresos.

A pesar de que los volúmenes de solicitudes se mantienen altos en 2026, se proyecta que esta tendencia comenzará a disminuir a partir de 2027, a medida que más productores comprendan que la recuperación judicial puede no ser la solución más efectiva a largo plazo. Octaciano Neto, fundador de Zera.ag, argumenta que la situación actual del agronegocio no representa una crisis estructural, sino más bien una fase de márgenes más ajustados en cultivos clave como la soja y el maíz. En años anteriores, cuando los precios de la soja alcanzaron niveles récord y los intereses eran bajos, muchos productores tomaron decisiones de expansión que ahora resultan insostenibles.

Neto también destaca que la recuperación judicial es un mecanismo relativamente nuevo en el agronegocio, que ganó fuerza a partir de 2021. La falta de una base histórica sólida hace que muchos productores no comprendan completamente las implicaciones de este proceso. Algunos productores que no enfrentaban dificultades financieras reales han recurrido a la recuperación judicial, convencidos de que les resolvería sus problemas, lo que no ha sido el caso para muchos. Aunque se espera que el número de solicitudes se mantenga elevado este año, se anticipa que el pico se haya alcanzado en 2025.

Desde una perspectiva estadística, aunque el aumento en las solicitudes de recuperación judicial es notable, sigue siendo un fenómeno limitado dentro del vasto universo del agronegocio brasileño. Con aproximadamente 5 millones de productores en Brasil, de los cuales solo 1,1 millones acceden a crédito y alrededor de 400 mil representan el 85% del Valor Bruto de la Producción, el número de recuperaciones judiciales sigue siendo relativamente bajo. Esto sugiere que, aunque la situación es preocupante para algunos, no representa una crisis generalizada en el sector agrícola brasileño.