El ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, presentó detalles sobre una megarreforma fiscal que se discutirá en el Congreso la próxima semana. Esta reforma, que busca revitalizar la economía chilena, tiene un costo estimado entre US$2.800 millones y US$3.500 millones. Quiroz defendió el proyecto como un cambio necesario para beneficiar a la clase media, argumentando que el crecimiento económico y la creación de empleo son las mejores formas de apoyo a este sector. En su exposición, destacó que Chile ha experimentado un crecimiento promedio de solo 2% en los últimos 12 años, lo que ha llevado a un desempleo persistente superior al 8%, una situación que no se veía desde la crisis de 1982.

La propuesta incluye una reducción gradual del impuesto de primera categoría del 27% al 23% en un plazo de tres años. Esta medida, según Quiroz, es esencial para recuperar la competitividad tributaria del país, que actualmente es superior a la media de los países de la OCDE. Además, se implementarán medidas transitorias para compensar la disminución de ingresos fiscales que resultará de esta reducción impositiva. Entre estas medidas se encuentra una rebaja temporal del impuesto a las donaciones y un régimen especial para la repatriación de capitales, que busca atraer inversiones desde el extranjero.

Los expertos han señalado que las medidas transitorias podrían generar ingresos por aproximadamente US$631 millones, lo que ayudaría a mitigar la pérdida de recaudación por la reducción del impuesto a las empresas. Sin embargo, se estima que la merma total en la recaudación podría alcanzar hasta US$1.800 millones. Además, se espera que la integración del sistema tributario, que se llevará a cabo de manera gradual, tenga un impacto fiscal adicional de US$800 millones. Esto plantea un desafío significativo para el gobierno, que deberá encontrar formas efectivas de financiar la reforma sin aumentar el riesgo fiscal.

En el contexto de la economía chilena, la reforma se presenta como una apuesta por un crecimiento más robusto, con proyecciones de un aumento del PIB que podría alcanzar entre 3% y 4%. Sin embargo, los analistas advierten que depender únicamente del crecimiento económico para financiar la reforma puede ser arriesgado. La experiencia de reformas fiscales anteriores sugiere que el crecimiento no siempre compensa las pérdidas de recaudación, lo que hace necesario implementar mecanismos compensatorios adicionales.

A medida que la reforma avanza hacia el Congreso, será crucial observar cómo se desarrollan las discusiones y qué medidas adicionales se proponen para asegurar su financiamiento. La presentación del informe financiero que acompañará el proyecto de ley será un momento clave para evaluar la viabilidad de la reforma y su impacto en las finanzas públicas. Los inversores deberán estar atentos a las reacciones del mercado y a las posibles implicancias de esta reforma en la economía chilena y en la región, especialmente en un contexto donde la competitividad fiscal es un tema central en varios países de América Latina.