Ecuador enfrenta un grave problema de robo de combustibles que le cuesta aproximadamente $100 millones al año. Este fenómeno ha crecido de manera alarmante, impulsado por el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico y el incremento en los precios de los combustibles. En los primeros diez meses de 2024, se registraron 773 incidentes de robos en la red de oleoductos del país, un aumento de 24 veces en comparación con el año anterior, lo que representa una pérdida estimada de $215 millones para el gobierno.

La situación de Ecuador ha cambiado drásticamente en los últimos años, pasando de ser un país relativamente tranquilo a convertirse en un centro de violencia relacionada con el narcotráfico. La producción de cocaína ha aumentado significativamente, convirtiendo al país en un importante punto de tránsito entre Colombia y Perú, los mayores productores de esta droga. La creciente demanda de cocaína ha llevado a un aumento en la competencia entre bandas criminales, lo que ha resultado en un aumento de la violencia y, por ende, en un entorno propicio para el robo de hidrocarburos.

El robo de combustibles no solo es un problema económico, sino que también está vinculado a la violencia y la inestabilidad social. Las bandas criminales involucradas en el narcotráfico, como Los Tiguerones y Los Choneros, están también detrás de estos robos, utilizando el combustible robado para alimentar sus operaciones ilegales. La reciente eliminación de un subsidio de combustible en septiembre de 2025, que provocó un aumento del 56% en el precio del diésel, ha exacerbado la situación, haciendo que el robo de combustibles sea aún más atractivo para estas organizaciones.

Las autoridades ecuatorianas han intentado implementar medidas para combatir el robo de hidrocarburos, como el despliegue de unidades policiales especializadas y el uso de drones para monitorear los oleoductos. Sin embargo, estas acciones han tenido un impacto limitado. La vasta red de oleoductos de 2,575 kilómetros, que atraviesa regiones remotas y de difícil acceso, sigue siendo vulnerable a los ataques. Además, muchas comunidades en estas áreas ven el robo de combustibles como un crimen sin víctimas, lo que dificulta aún más la lucha contra esta actividad ilícita.

A medida que la producción de cocaína y la demanda de combustibles continúan aumentando, se espera que el robo de hidrocarburos se convierta en una actividad aún más prominente en Ecuador. La situación económica del país ya es precaria, con un déficit fiscal que superó el 5% del PIB en 2025, y la creciente actividad delictiva solo agrava los problemas financieros. Los inversores deben estar atentos a cómo estas dinámicas podrían afectar la estabilidad económica y política de Ecuador en el futuro, especialmente con las elecciones presidenciales programadas para 2027, que podrían influir en la dirección de las políticas de seguridad y economía del país.