La Contraloría General de la Nación ha emitido un informe crítico sobre los 18 decretos expedidos por el Gobierno colombiano en el marco de la emergencia económica. Según el Contralor Carlos Hernan Rodriguez, existen vacíos en la estructura y ejecución de estos decretos, lo que podría afectar la financiación y la correcta utilización de los recursos. La Contraloría ha señalado que el Gobierno tiene la obligación legal de garantizar la recaudación adecuada y oportuna de los recursos, así como su uso exclusivo para mitigar las afectaciones causadas por la emergencia invernal que afecta a ocho departamentos del país.

El monto que se espera recaudar a través de nuevos impuestos podría alcanzar hasta $8,68 billones. Este dinero debe ser destinado de manera clara y controlada a las zonas y sectores que realmente han sido afectados. La Contraloría enfatiza que la reorientación de recursos de otros programas para atender la emergencia podría tener impactos negativos en la financiación y continuidad de proyectos ya en marcha. Por lo tanto, cualquier reorientación debe realizarse con rigor jurídico y técnico, asegurando que los recursos sean reembolsados a medida que se generen nuevos ingresos tributarios.