El estado de greve de los caminhoneiros en Brasil sigue en pie, a pesar de que se decidió no iniciar una paralización nacional. Las entidades de la categoría han expresado su apoyo a la Medida Provisoria nº 1.343/2026, que endurece la fiscalización del piso mínimo del frete y establece reglas más estrictas para el pago a los camioneros. Sin embargo, han dejado claro que la movilización continuará hasta que se resuelvan los puntos pendientes en la agenda de negociaciones.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, ha confirmado que se reunirá con representantes de los caminhoneiros la próxima semana. Esta reunión es crucial, ya que la mayoría de la categoría había preferido iniciar una huelga de inmediato, pero accedió a esperar siete días. La presión sobre el gobierno es alta, y las entidades están dispuestas a seguir negociando y a proponer enmiendas a la medida si es necesario.

La nueva medida establece la obligación de registrar todas las operaciones de transporte, lo que permitirá a la ANTT verificar el cumplimiento del piso mínimo del frete. Las multas por incumplimiento son severas, oscilando entre R$ 1 millón y R$ 10 millones por operación, lo que podría tener un impacto significativo en las empresas de transporte. Además, la situación en el sector del transporte es delicada, ya que el aumento en los precios del diesel sigue siendo un tema central en las discusiones.

En medio de este contexto, la posibilidad de una nueva paralización de los caminhoneiros recuerda la crisis de 2018, cuando una huelga prolongada causó desabastecimiento generalizado. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estas negociaciones, ya que cualquier interrupción en el transporte podría afectar la inflación y los precios de los productos en el mercado argentino, dada la interconexión económica entre ambos países.