El Gobierno argentino ha decidido priorizar la Asignación Universal por Hijo (AUH), aumentando su monto en un 90% en términos reales, es decir, descontando la inflación, desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026. Este incremento se produce en un contexto donde otros programas sociales han sufrido recortes significativos, con ajustes de hasta el 70%. La estrategia del Ejecutivo busca concentrar el gasto en la AUH, evitando la intermediación de organizaciones sociales en la distribución de estos fondos.

Según un estudio de la consultora C-P, la AUH ha visto un aumento del 88% en términos reales, lo que se traduce en un gasto fiscal considerado de "costo reducido" en comparación con otras prestaciones sociales. Este aumento se debe tanto a un incremento en el número de beneficiarios como a un ajuste en los montos, que alcanzan niveles históricos. En términos nominales, la AUH creció un 561% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, mientras que la tarjeta Alimentar, aunque nominalmente aumentó un 137,5%, ha experimentado una leve caída del 6% en términos reales.

El informe del jefe de gabinete, Manuel Adorni, al Congreso destaca que la AUH y la tarjeta Alimentar han pasado de cubrir el 55% de la Canasta Básica Alimentaria en noviembre de 2023 a un 87% en febrero de 2026. Este cambio en el perfil de asistencia social también tiene una dimensión política, ya que el gobierno ha reducido drásticamente la participación de intermediarios en la distribución de recursos, pasando del 50% al 93,5% de los fondos que ahora llegan directamente a las familias beneficiarias.

Sin embargo, no todas las prestaciones han tenido el mismo destino. Programas como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) han sufrido un recorte del 30% en términos reales. Otros programas, como Progresar y Potenciar Trabajo, han visto caídas superiores al 70%. Este escenario plantea un dilema para el Estado, ya que, según el economista Federico Pastrana, un desempleado o trabajador informal puede recibir más por cada hijo que un asalariado registrado, lo que podría desincentivar la formalización laboral.

A futuro, será crucial observar cómo el gobierno maneja estos programas sociales en un contexto de creciente presión fiscal y expectativas de inflación. Las decisiones sobre el gasto social y su impacto en la economía serán determinantes para la estabilidad del mercado laboral y el bienestar de las familias argentinas. La próxima presentación del presupuesto y las políticas sociales en el Congreso serán eventos clave a seguir en los próximos meses.