El proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, que ya se encuentra listo, ha sido retrasado en su envío al Congreso debido a la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, había recibido sugerencias de reconocidos tributaristas, la falta de apoyo legislativo del oficialismo complica la aprobación del proyecto en ambas Cámaras. Se estima que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios de sus aliados para avanzar con esta reforma, lo que podría prolongar la incertidumbre en el ámbito fiscal.

La reforma introduce cambios significativos en el régimen de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, que se implementaría a partir del 1 de enero de 2025. Uno de los cambios más destacados es la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos que actualmente restringen el acceso a este régimen. Bajo la normativa vigente, los contribuyentes deben tener ingresos totales menores a $1.000.000.000 y un patrimonio inferior a $10.000.000.000 para poder adherir. Sin embargo, el nuevo anteproyecto elimina estas condiciones, permitiendo que más contribuyentes accedan al régimen simplificado, lo que podría beneficiar a aquellos que han tenido ingresos extraordinarios en años anteriores.

Además, el anteproyecto establece que la elegibilidad para el régimen dependerá de no ser considerado un "gran contribuyente nacional" según la categorización de ARCA, lo que representa un cambio cualitativo en la evaluación de los contribuyentes. Este ajuste es relevante dado que muchos contribuyentes que antes quedaban excluidos por superar los topes de ingresos o patrimonio ahora podrán acceder sin restricciones cuantitativas. Esto podría resultar en un aumento en la cantidad de contribuyentes que opten por este régimen, lo que a su vez podría impactar en la recaudación fiscal del Estado.

Otro aspecto importante del anteproyecto es la modificación de la definición de discrepancia significativa, que ahora requerirá que cualquier ajuste que supere el 15% del impuesto determinado sea considerado significativo, siempre que la diferencia absoluta no supere el 5% del umbral del Régimen Penal Tributario. Este cambio busca evitar que ajustes menores pongan en riesgo la presunción de exactitud, lo que podría ser un alivio para muchos contribuyentes que enfrentan fiscalizaciones. Además, se introduce un mecanismo que permite a los contribuyentes rectificar sus declaraciones dentro de un plazo de 15 días hábiles tras recibir un ajuste, lo que les brinda una oportunidad para corregir errores sin perder la presunción de exactitud.

A futuro, la situación del proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal dependerá de la capacidad del oficialismo para negociar los votos necesarios en el Congreso. La incertidumbre política en Argentina, sumada a la falta de apoyo legislativo, podría prolongar la discusión sobre esta reforma. Los contribuyentes y analistas deberán estar atentos a las próximas sesiones legislativas, ya que cualquier avance o retroceso en este tema podría tener implicancias directas en la planificación fiscal y en la estrategia de cumplimiento de los contribuyentes en el país. La entrada en vigencia de la reforma, si se aprueba, se espera para el 1 de enero de 2025, lo que brinda un marco temporal para que los contribuyentes se preparen para los cambios.