La próxima semana, la Cámara de Diputados de Chile se preparará para votar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esta acusación, presentada por parlamentarios de los partidos Nacional Libertario y Republicano, se centra en presuntas infracciones en materia fiscal, incluyendo la subestimación del déficit fiscal proyectado para 2026 y la falta de incorporación del financiamiento del reajuste del sector público. Además, se le atribuyen inconsistencias en la proyección de la deuda pública, lo que podría implicar una vulneración de principios constitucionales.

La situación fiscal de Chile es crítica, con un deterioro evidente que se ha acentuado bajo la administración anterior, que registró tres incumplimientos sucesivos de las metas de balance estructural. Sin embargo, el análisis de la acusación revela que muchos de los problemas señalados son recurrentes en las acciones de este tipo, que han sido comunes en los gobiernos previos. La falta de claridad en las infracciones constitucionales que se le atribuyen a los ministros de Estado plantea interrogantes sobre la legitimidad de la acusación, ya que se requiere que se demuestre un compromiso grave al honor o la seguridad de la nación.

Expertos, como la abogada constitucionalista Marisol Peña, han señalado que aunque existen deberes de dirección y control establecidos por la ley, no necesariamente implican responsabilidades que justifiquen las sanciones que se buscan aplicar. Los errores en las estimaciones de ingresos fiscales y el compromiso de gastos no especificados son serios, pero no son infrecuentes en la administración pública. Por ejemplo, en proyectos de ley anteriores, como el de la gratuidad, se han observado divergencias significativas entre los costos proyectados y los reales, lo que pone de relieve la complejidad de las proyecciones fiscales.

El clima político en torno a esta acusación parece estar más influenciado por rivalidades políticas que por un verdadero interés en la fiscalización. Aunque la oposición podría reunir los votos necesarios en la Cámara, las divisiones internas y la falta de alineación en algunos sectores sugieren que la acusación podría no prosperar en el Senado. La situación se complica aún más por el hecho de que algunos diputados parecen estar motivados por rencillas personales, dado que Grau fue un crítico activo de ministros del gobierno anterior, lo que podría estar influyendo en la decisión de presentar esta acusación.

Es crucial que se mantenga la integridad de las acusaciones constitucionales como herramienta de fiscalización, ya que su desnaturalización podría debilitar la relación entre el gobierno y la oposición, generando un ambiente de tensión política que no beneficia a la gobernabilidad. La propuesta de un grupo de senadores y diputados de modificar los requisitos para presentar acusaciones constitucionales, aumentando el número de firmas requeridas y exigiendo una interpelación previa, sugiere un reconocimiento de los débiles fundamentos de esta acusación. La falta de autocrítica por parte de exministros como Mario Marcel, quien estuvo al frente durante los errores fiscales más significativos, también plantea dudas sobre la responsabilidad en la gestión fiscal del país.

A medida que se acerca la votación, los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estos acontecimientos, ya que la credibilidad fiscal de Chile es un activo fundamental. Si se permite que las acusaciones sin base jurídica sólida continúen, esto podría desincentivar a futuros funcionarios a asumir cargos ministeriales, lo que a su vez podría afectar la estabilidad económica del país. La situación fiscal actual y la gestión de la deuda pública son elementos críticos que los inversores deben considerar al evaluar el clima económico en Chile y su posible repercusión en la región, incluida Argentina.